El concepto de abuso en el ámbito tributario en el derecho de la Unión Europea

Resumen

El principio de prohibición del abuso de derechos es aplicable en ámbitos tan variados como la libre circulación de mercancías (sentencia de 10 de enero de 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc and Thouars Distribution, Asunto 229/83), libre prestación de servicios (sentencia de 3 de febrero de 1993, Veronica Omroep Organisatie, Asunto C‑148/91), contratos públicos (sentencia de 11 de diciembre de 2014, Azienda sanitaria locale n. 5 Spezzino y otros, Asunto C‑113/13), libertad de establecimiento (sentencia de 9 de marzo de 1999, Centros, Asunto C‑212/97), derecho societario (sentencia de 23 de marzo de 2000, Diamantis, Asunto C‑373/97), seguridad social (sentencias de 2 de mayo de 1996, Paletta, Asunto C‑206/94; de 6 de febrero de 2018, Altun y otros, Asunto C‑359/16; o de 11 de julio de 2018, Comisión/Bélgica, Asunto C‑356/15), transporte (sentencia de 6 de abril de 2006, Agip Petroli, Asunto C‑456/04), política social (sentencia de 28 de julio de 2016, Kratzer, Asunto C‑423/15), medidas restrictivas (sentencia de 21 de diciembre de 2011, Afrasiabi y otros, Asunto C‑72/11) o sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros, Asunto C‑255/02) y, en este sentido, el principio de la Unión de prohibición del abuso de Estado se ha ido desarrollando dentro de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde mediados de la década de 1970, abordándolo de múltiples maneras, no solo frente a diferentes supuestos de hecho, lo cual sería entendible y hasta necesario sino, en su evolución, tratando de manera asimétrica el manejo de los requisitos que han de concurrir para llegar a la conclusión de la existencia de prácticas abusivas.