Discriminación indirecta, empleo e igualdad en el lugar de trabajo: una comparación entre la legislación de igualdad del Reino Unido y Australia

Resumen

La Directiva 2000/78/CE establece un marco general para la igualdad de trato en el empleo, y prohíbe diversas formas de discriminación directa o indirecta, incluyendo la religión y las creencias del trabajador. La “Equality Act 2010” (Ley de Igualdad de 2010) traspone estas normas al Reino Unido bajo la lógica del principio de igualdad de trato. Las reglas o códigos de vestimenta dirigido a un grupo religioso determinado, como la prohibición a las mujeres musulmanas de vestir hiyab es un caso de discriminación directa; una regulación neutra que se aplique por igual a toda la plantilla puede producir una discriminación indirecta en aquellas personas que quieran utilizar determinadas ropas o símbolos asociados a su confesión religiosa tanto como la prohibición directa de uso de dichas prendas. La clave de la ley británica, en la mayor parte de los casos, será la eventual existencia de un objetivo legítimo en el empresario y el análisis de la proporcionalidad, a la luz del art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En la Ley Australiana, por su parte, se prohíbe la discriminación por motivos religiosos en un nivel institucional, y se reconoce la libertad de culto en la sección 116 de la constitución. La regulación es más flexible, porque no existe protección de las creencias religiosas en la legislación de igualdad que ampare un derecho a vestir hiyab en el centro de trabajo. Ambas jurisdicciones tienen políticas socioeconómicas y organizativas en materia de gestión de la diversidad informadas por un marco multinivel que contribuye a la integración en el ámbito laboral de individuos y organizaciones. Este trabajo plantea una aproximación comparativa entre los dos sistemas de common law, en el que Reino Unido sigue un esquema de multinationalidad basado en la Ley de Igualdad y la Convención Europea de Derechos Humanos y Australia acepta la legislación federal y estatal, que tienen competencias concurrentes en materia legislativa.