LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social
Labos. Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social es una revista científica en materia de Derecho Laboral y Seguridad Social. Es una publicación editada desde 2020, con una periodicidad cuatrimestral. Para la publicación de originales, Labos utiliza un sistema de revisión externa por pares, siendo los evaluadores científicos expertos en el conocimiento de las materias en las que se investiga y cuyos nombres se irán publicando en la página web de la revista. Se trata de una Revista científica que se publica en formato digital de acceso abierto (OA).
Los autores ceden a la Revista Labos los derechos de reproducción y distribución, así como cualquier forma de explotación del trabajo.
Martínez Girón, Jesús y Arufe Varela, Alberto. Los catedráticos españoles de Derecho del trabajo (1917-2024).
Derechos de autor 2026 LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Sierra, Elisa. Prevención de riesgos laborales y perspectiva de género
Cambio de criterio judicial y aplicación en el tiempo de la doctrina unificada por la Sala IV del Tribunal Supremo
Trabajo, precariedad laboral y salud mental
La compleja relación entre trabajo y salud mental es un tema de creciente relevancia en el debate público y en la investigación desde distintos ámbitos de conocimiento, que se aborda en este texto atendiendo en particular a la precariedad y su incidencia especialmente negativa en el bienestar emocional y psíquico de las personas trabajadoras, así como a los nuevos riesgos emergentes asociados a las nuevas formas de organización y desempeño laboral en entornos digitalizados. Se parte del tradicional enfoque centrado en los riesgos psicosociales, que resulta imprescindible, pero se propone también una perspectiva más amplia que incluya un examen sobre la adecuación y, en su caso, revisión y adaptación de determinadas parcelas de la legislación laboral que pueden ser clave para la reducción de la precariedad y para proteger la salud mental en el entorno laboral, además de otras políticas públicas al respecto. Se analizan resumidamente los contenidos, conclusiones y propuestas del informe Precariedad laboral y salud mental: conocimientos y políticas (Informe PRESME), las necesidades y posibilidades de actuación ante las nuevas formas de organización de las empresas y el trabajo generadoras de precariedad y nuevos riesgos para la salud mental, y la conveniencia de revisar la regulación sobre tiempo de trabajo considerando las transformaciones tecnológicas y socioeconómicas contemporáneas para una adecuada y saludable ordenación de los tiempos de trabajo y de vida. Finalmente, se enfatiza la importancia de la dimensión colectiva en el tratamiento de estas cuestiones, sobre las que se aportan reflexiones personales del autor y se formulan ideas y propuestas para el debate.
La gobernanza jurídica de la salud mental laboral
La salud mental laboral se ha convertido en un eje central del debate jurídico contemporáneo, impulsada por cambios en la organización del trabajo que han incrementado la presión temporal, cognitiva y emocional sobre los trabajadores. Aunque el marco normativo reconoce la salud mental como dimensión protegida del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, su efectividad real continúa siendo limitada. Esta distancia entre reconocimiento jurídico y aplicación práctica se proyecta en tres ámbitos fundamentales. En el plano preventivo, la gestión de los riesgos psicosociales es todavía parcial y heterogénea, condicionada por inercias culturales, herramientas insuficientes y la ausencia de perfiles técnicos especializados. En el ámbito prestacional, la falta de inclusión de los trastornos mentales en el cuadro de enfermedades profesionales obliga a forzar su encaje en categorías diseñadas para riesgos físicos, lo que dificulta el reconocimiento de la causalidad laboral. Finalmente, los mecanismos de responsabilidad muestran una eficacia restringida, en gran medida debido a exigencias probatorias que no se ajustan a la naturaleza multifactorial de estas patologías. En este contexto, la salud mental laboral permanece en una fase de construcción jurídica. Su consolidación efectiva exige avances normativos, fortalecimiento técnico del sistema preventivo y una revisión de las categorías tradicionales del Derecho del Trabajo.
La salud mental en la empresa en tiempos de inteligencia artificial
Es un hecho incontrovertido, contrastado estadísticamente, que las nuevas tecnologías inteligentes contribuyen a la disminución en términos globales de los índices de accidentabilidad, mejorando el bienestar de las personas trabajadoras. Ahora bien, tampoco cabe ocultar su lado oscuro, pues no eliminan de raíz las formas de nocividad, sumando a los riesgos tradicionales otros emergentes capaces de sobrepasar la delgada y vulnerable línea de la salud mental, tan abatida con motivo de la pandemia y tan amenazada en el actual contexto productivo. Tal preocupante realidad obliga a diseñar respuestas jurídicas adecuadas, que no pueden limitarse a proporcionar una mera tutela reparadora, sino que deviene necesario apostar por una política preventiva eficaz en los centros de trabajo.
Violencia contra las mujeres. El papel de los medios de comunicación en su prevención
El presente trabajo examina la pertinencia de integrar la perspectiva de género en la profesión periodística, dada su relevancia para un tratamiento ético y deontológico de las violencias contra las mujeres. El ejercicio de la profesión demanda una capacitación en la cobertura mediática orientada por principios que beneficien a la sociedad, facilitando la comprensión de un problema que no debe ser silenciado. Es fundamental que este enfoque evite la promoción del morbo o de conductas sensacionalistas y triviales, previniendo así la revictimización y el reforzamiento de patrones culturales machistas y misóginos. La finalidad de esta investigación es proponer políticas laborales de actuación que sean responsables, reconociendo la influencia de la comunicación en la opinión pública como herramienta para combatir las violencias ejercidas contra las mujeres.
Responsabilidad de los medios comunicación
Los permisos retribuidos como instrumento para conciliar la vida familiar y profesional
A través del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio se introdujeron cambios significativos en los permisos laborales. Concretamente, la modificación realizada en los recogidos en el art. 37 del Estatuto de los Trabajadores ofrece una especial importancia porque no sólo amplia el alcance de los permisos, sino que lo hace en la dirección de la corresponsabilidad en los cuidados y logrando la adaptación a nuevas realidades familiares. Ahora bien, esta evolución normativa no está exenta de dificultades, y la aplicación práctica está haciendo visibles problemas de interpretación normativa y aplicación práctica que requieren una intervención jurisprudencial y una concreción a través de la negociación colectiva.
El presente trabajo examina el régimen jurídico de la jubilación parcial en el sistema español de Seguridad Social, atendiendo a su evolución normativa, a su configuración actual y a la interpretación que de esta figura ha realizado el Tribunal Supremo. Se analiza cómo esta modalidad de acceso a la pensión, que combina la percepción de una parte de la jubilación con la continuidad en el trabajo a tiempo parcial, ha experimentado un tránsito desde su inicial finalidad de fomento del empleo hacia una regulación orientada a garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. El estudio aborda los requisitos de acceso a la jubilación parcial, la compatibilidad entre trabajo y pensión, las particularidades del contrato de relevo y las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto desde la perspectiva del trabajador como de la empresa. Asimismo, se presta especial atención a las novedades introducidas por el RDLey 11/2024 y a los problemas interpretativos que plantea su aplicación. A partir del análisis conjunto de la normativa y de la doctrina judicial, se pone de manifiesto la complejidad de una institución que, más allá de la reforma reciente, exige una lectura sistemática que concilie los objetivos de empleo, de sostenibilidad del sistema y de seguridad jurídica.
La modificación de la extinción del contrato por incapacidad permanente introducida por la Ley 2/2025, de 29 de abril
La Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, articula una nueva regulación en el artículo 49.1.n) ET, con la finalidad de proteger el mantenimiento del empleo de las personas que acceden a una incapacidad permanente y eliminar la automaticidad de la extinción del contrato en estos supuestos. El presente artículo analiza la necesidad de la reforma producida que tiene como objetivo adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la normativa internacional y europea de conformidad con la sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024 (caso Ca Na Negreta, asunto C-631/22).
El proceso de descarbonización y los retos de la protección social. El papel de la jubilación
Se parte de la idea de que el camino hacia la neutralidad climática conllevará de forma inevitable la supresión de muchos empleos, así como la expulsión definitiva del mercado de trabajo de determinados trabajadores. Concretamente, los de edad madura y de escasa cualificación, a los que no podrá exigirse, ni tendrán la capacidad para ello, una recualificación profesional para la que carecen de una base mínima de conocimientos. En este contexto los sistemas de protección social pueden funcionar como acompañantes de las políticas de descarbonización, favoreciendo o desincentivando las decisiones empresariales. Para ello, el trabajo abordará, en concreto, la funcionalidad de la pensión de jubilación, en sus distintas modalidades, como salida digna para estos trabajadores. Al tiempo que analizará las distintas medidas de tutela pública que, en contextos de reestructuración o de reajustes de plantillas así como de crisis adversas de diversa índole, han sido puestas en práctica con el fin de evitar la desprotección y el olvido de quienes, afectados directamente por este tipo de decisiones empresariales, puedan correr el riesgo de quedar laboralmente apartados de sus exigencias por razón de edad y, a la vez, de un sistema de protección social no diseñado específicamente para hacer frente a las crisis empresariales.
Repensar la propagación de garantías y la admisión de recursos en el proceso de tutela de derechos fundamentales ante el orden social
El uso intensivo del proceso de tutela de derechos fundamentales —derivado de la ampliación de su cognición a cualquiera de los derechos fundamentales y libertades públicas, pese a haber sido concebido inicialmente para la protección de la libertad sindical— condujo al legislador a remitir su tramitación a determinadas modalidades procesales, proyectando sobre ellas todas las garantías propias de este proceso preferente y sumario. Esta propagación de garantías ha contribuido a moderar el empleo desmedido del proceso especial, pero lo ha hecho a costa de generar nuevos problemas, asociados a la acumulación necesaria de acciones y a la alteración de la regla general sobre la admisión de medios de impugnación cuando se combinan alegaciones de relevancia constitucional con cuestiones de legalidad ordinaria.
La directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Perspectiva laboral
Este estudio analiza la Directiva de diligencia debida de las empresas (1760/2024) desde una perspectiva laboral a partir de cinco aproximaciones generalistas y complementarias. La primera sobre el paso de la ética al derecho que supone la directiva. La segunda tiene que ver con la perspectiva posibilista que impregna todo el estudio. La tercera acerca de la categoría de la due diligence. La cuarta sobre los derechos humanos laborales tutelados por la directiva. Y la quinta y última, la menos explorada hasta el momento, la directiva en clave nacional, pese a que la idea que está detrás de la directiva es inequívocamente transnacional.
El ejercicio del poder disciplinario empresarial respecto a las personas con relación laboral en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023 de protección del informante
El poder disciplinario empresarial en el ámbito de la relación laboral puede ejercerse en el ámbito de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra el fraude en relación fundamentalmente a cuatro personas trabajadoras : la persona informante, la persona afectada, el Responsable del Sistema interno de información de la empresa y otros sujetos responsables de infracciones de aquella ley que no sean los anteriores. El análisis de cómo se ha de desarrollar la integración, no siempre fácil, entre los principios, derechos y obligaciones de esos cuatro sujetos en el ámbito de la ley 2/2023 ligados con la parte empleadora por una relación laboral con el poder disciplinario de ésta última es lo que constituye el objeto esencial del presente trabajo.
Poder disciplinario empresarial y Ley 2/2023
Responsable del Sistema interno de información
El El rostro cambiante del tiempo de trabajo
Derechos de autor 2025 LABOS Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social
Las indemnizaciones del despido en cuestión
Este estudio parte de los fundamentos jurídicos diferenciados de las indemnizaciones y consecuencias del despido procedente, improcedente y nulo en la regulación laboral vigente en España. Sobre estas bases jurídicas, se analiza el impacto de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) contra España por incumplimiento del art. 24 Carta Social Europea (CSE), que pone las indemnizaciones tasadas del despido improcedente en cuestión, tanto en un control de convencionalidad judicial, como en una posible reforma legislativa. Desarrollo argumentos jurídicos que concluyen en la falta de aplicación directa del art. 24 CSE y la inviabilidad judicial de establecer indemnizaciones adicionales en el despido improcedente, más aún tras la STS 19 de diciembre 2024, que aclara el perímetro del control de convencionalidad. Desarrollo argumentos jurídicos que concluyen en la ausencia de eficacia vinculante de la decisión CEDS en el despido improcedente. El estudio concluye, en un plano de reflexión política, con distintas opciones de reforma del despido improcedente y nulo en este contexto.
Del trabajo asalariado al trabajo vulnerable. (Apunte crítico sobre las nuevas propuestas de universalización de las regulaciones de protección del trabajo)
El estudio analiza la evolución del trabajo hacia nuevas fórmulas en el contexto de la digitalización y el actual capitalismo de servicios, y cómo tal evolución compromete las soluciones tradicionales de la regulación laboral. Denuncia los límites evolutivos naturales de la “ajenidad” y la “dependencia” y cuestiona su capacidad para continuar definiendo con exclusividad el campo de la nueva legislación de protección del trabajo. Pero a la vez somete a crítica las nuevas propuestas de imputación laboral alumbradas en este contexto. Primero, la de ligar la tutela laboral con la idea de la “dependencia económica”. Y, segundo, la de conectar la nueva legislación laboral con la circunstancia o fenómeno del “trabajo vulnerable” y la suposición de que el mismo existe para cualquier caso de actividad productiva realizada “sin aportación de capital o estructura de empresa”.
Pensiones por contingencia profesional en situaciones de reducción coyuntural de jornada. Una regulación discriminatoria (con y sin perspectiva de género)
El TJUE no ha encontrado evidencias suficientes, al menos en el plano estadístico, para concluir que el cálculo de la pensión de IP por contingencias profesionales de quienes disfrutan de una reducción de jornada por motivos de conciliación incurre en una discriminación por razón de sexo, pese a que la base reguladora se determina a partir del salario percibido en el momento del hecho causante, inferior al ordinario precisamente por encontrarse el trabajador en reducción de jornada. La falta de estadísticas apropiadas no debería ser obstáculo para calificar como discriminatoria esa regulación. Tanto el ordenamiento español como el Derecho de la UE permiten llegar a esa conclusión en todos los supuestos de reducción coyuntural de jornada, sin necesidad de apoyar la argumentación exclusivamente en la discriminación por razón de sexo.
Los creadores de contenido digital. ¿Una nueva zona gris del Derecho del trabajo?
La aparición de los creadores de contenido digital (influencers, bloggers, instagramers, tik-tokers, youtubers, etc.), exige desde una perspectiva jurídico laboral una reflexión sobre la naturaleza de sus actividades. Ello con la finalidad de identificar la posible concurrencia de las notas caracterizadoras de una relación laboral y, por ende, la posible consideración de los mismos como trabajadores por cuenta ajena y, por tanto, su inclusión en el ámbito de aplicación del Derecho del Trabajo. La pluralidad de las actividades desempeñadas por estos creadores de contenido digital abre una reflexión a su posible consideración como artistas, representantes de comercio, o titulares de una relación laboral común. ¿Estamos ante nuevas zonas grises del Derecho del Trabajo?
Dinámicas abusivas de las plataformas basadas en la web dedicadas a las microtareas en línea y posibles vías de protección
El objetivo de este estudio es visibilizar una realidad multifactorial y transnacional, todavía atípica para el ordenamiento jurídico español, que ha de ser diferenciada y abordada: el trabajo de las personas trabajadoras de las plataformas digitales basadas en la web dedicadas a las microtareas en línea como nueva forma de precariedad laboral. Se plantearán los retos que derivan del deber de transposición de la Directiva (UE) 2024/2831 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, relativa a la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas, a partir de tres perspectivas principales desde las que materializar los primeros pasos para afrontar este problema: el legislador, la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social y los agentes sociales.
La regulación del trabajo en plataformas digitales. Estado de la cuestión y comentario a cambios normativos
El presente estudio analiza una de las cuestiones más controvertidas en los últimos años dentro del Derecho del Trabajo y de Seguridad Social: el trabajo en plataformas digitales, las cuales en la mayoría de casos han recurrido a la contratación mercantil, en ocasiones en fraude de ley. En este sentido, aunque el fenómeno de los falsos autónomos en absoluto se trate de un problema nuevo, sin lugar a dudas ha adquirido una mayor dimensión ante la expansión de este tipo de empresas. A raíz de la trascendental sentencia del Tribunal Supremo 805/2020 de 25 de septiembre, que determinó la existencia de relación laboral de los repartidores de las plataformas, el legislador español de un lado aprobó la ley 12/2021 (conocida como “Ley rider”) y de otro lado estableció un nuevo tipo penal (art.311.2 CP) que castiga con penas de prisión a quienes contraten de manera fraudulenta. Asimismo, se comenta también la directiva la Directiva 2024/2831, que aborda la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas de una manera mucho más amplia.
Prácticas de IA prohibidas en el ámbito laboral. Análisis y posibles soluciones desde la normativa laboral española
El artículo estudia la relación de las prácticas prohibidas de inteligencia artificial del Reglamento (UE) 2024/1689 (Reglamento de inteligencia artificial) con la normativa laboral española. Partiendo de una revisión sistemática de las preocupaciones frecuentes sobre la inteligencia artificial en el ámbito laboral mostradas por la academia y de un análisis de las normas aplicables, se definen las prácticas prohibidas y se plantea, recurriendo a hipótesis, qué prácticas prohibidas guardarían más conexión con las relaciones laborales. Por su conexión con las prácticas prohibidas y por el empleo de tecnologías similares, se analizan también los puntos de contacto de dichas prácticas con la Directiva (UE) 2024/2831 (Directiva de plataformas). Con todo ello se razona la necesidad –o no– de modificación de alguna de las principales normas laborales españolas y se afloran ciertas zonas grises que, previsiblemente, requerirán de clarificación futura.
El aseguramiento de la responsabilidad empresarial del pago del recargo en las prestaciones de Seguridad Social
La vigencia del recargo de prestaciones de Seguridad Social del incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales
¿Qué hacemos con el recargo de prestaciones? Reflexiones y propuestas para un debate necesario
El recargo de prestaciones que regula el art. 164 LGSS es una figura extraña, híbrida y anacrónica, con un régimen jurídico escaso y confuso. La crítica a esta figura jurídica es prácticamente unánime. Son muchas las voces que defienden la modificación de su régimen jurídico e incluso su supresión, pero el legislador no ha reaccionado ante las críticas y, así, el recargo lleva ya más de un siglo entre nosotros. Esta situación no beneficia a nadie. Los trabajadores o sus causahabientes tienen que enfrentarse a una auténtica maraña de procedimientos administrativos y judiciales para poder cobrar el recargo; si es que, finalmente, lo cobran, porque, al estar prohibido su aseguramiento, las probabilidades de que la TGSS declare la deuda incobrable son altas, más aún teniendo en cuenta el elevado importe de los capitales coste. Tampoco desde la perspectiva empresarial los resultados son satisfactorios: el recargo puede llegar a ser desproporcionado y actuar de forma extemporánea. En este trabajo se reflexiona sobre algunos de los aspectos más problemáticos del régimen del recargo y se ofrecen propuestas de lege data y de lege ferenda como contribución a un debate que es necesario recuperar en el marco de una reforma que no debe esperar más.
Blasco Jover, Carolina. Cuestiones clave sobre la readmisión y los salarios de tramitación en el despido improcedente
El recargo de prestaciones. Crónica de un anacronismo
Montoya Medina, David. Enfermedad, contrato de trabajo y discriminación por razones de salud
Las relaciones laborales ante las emergencias climáticas. La reforma del Estatuto de los Trabajadores por el Real Decreto-Ley 8/2024
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y sus efectos en la jurisdicción social