8_MULTILATERALISMO EN CRISIS

Desafíos y oportunidades para alcanzar el desarrollo sostenible. Respuestas elaboradas desde América Latina en clave de género

Challenges and opportunities for achieving sustainable development. Responses elaborated from Latin America in a gender perspective

RESUMEN: La pandemia del COVID-19 nos enseñó que nadie puede salvarse en soledad. En un mundo marcado por la policrisis y en el que el rol del multilateralismo se encuentra cuestionado, América Latina, una región en la que el cuidado hacia los otros y hacia el planeta forman parte de su historia, tiene la posibilidad de proponer nuevas formas de cooperación internacional. En un contexto de fragilidad democrática, es clave una Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) basada en las 4M (Multiactor, Multinivel, Multilateral, Multicultural) con enfoque de derechos humanos e interseccionalidad de género para evitar exclusiones.

ABSTRACT: The COVID-19 pandemic taught us that no one can be saved alone. In a world marked by polycrisis and in which the role of multilateralism is questioned, Latin America, a region in which caring for others and for the planet is part of its history, has the possibility of proposing new forms of international cooperation. In a context of democratic fragility, an International Development Cooperation (IDC) based on the 4Ms (Multiactor, Multilevel, Multilateral, Multicultural) with a human rights approach and gender intersectionality is key to avoid exclusions.

PALABRAS CLAVE: COVID-19, género, ODS, América Latina, cooperación internacional.

El multilateralismo, puede entenderse como un mecanismo institucional mediante el cual varios Estados articulan sus políticas de manera concertada, sobre la base de normas generales y compartidas. Esta forma de cooperación se sustenta en principios como la reciprocidad, la no discriminación y la previsibilidad, que permiten establecer patrones estables de interacción en el ámbito internacional. Tal como desarrollé en un trabajo anterior, la Cooperación Internacional al Desarrollo (CID), y particularmente la Cooperación Sur-Sur (CSS), ofrece posibilidades estructurales para repensar el multilateralismo postpandemia. En tal sentido, la CID es una herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible puesto que genera puentes que permiten, por ejemplo, la lucha contra la pobreza o la desigualdad de género (aspectos trascendentales en América Latina, una de las regiones con mayor desigualdad del mundo).

Sin embargo, el recorrido desde su génesis nos enseña que la CID ha sido una estrategia para impulsar el desarrollo económico de los países ubicados geográficamente al Sur, a partir del apoyo de los países del Norte; el vehículo a través del cual se sostuvo y profundizó el tejido de sistemas de subordinación, dominación y violencia estructural en el que vivimos: capitalismo, colonialismo, extractivismo y patriarcado. En un momento bisagra como el actual, el desafío entonces es claro: ¿cómo logramos que la CID, cuyos orígenes se remontan a fines de opresión y desigualdades, sea una herramienta válida para la construcción de las sociedades del futuro y rompa el corsé con el que nació? ¿cómo logramos alcanzar el desarrollo sostenible en un contexto de policrisis?

En tiempos en los que a nivel mundial proliferan gobiernos populistas o populares de izquierda y derecha, y las instituciones democráticas se fragilizan al mismo ritmo que la confianza de la ciudadanía en sus representantes, es fundamental la conformación de una CID sustentada por las 4M (Multiactor-Multinivel-Multilateral y Multicultural) para gestionar acciones tendientes a elaborar respuestas urgentes en clave de derechos humanos. No obstante, a fin de que los esfuerzos nos lleven hacia el puerto deseado, es imprescindible que sumemos a este enfoque, de manera transversal, el análisis desde una perspectiva de género interseccional e intercultural, caso contrario, seguiremos reproduciendo políticas públicas, planes y programas que dejan fuera las mujeres en su diversidad.

Desde esta lógica, resulta pertinente dedicarnos a reflexionar sobre el impacto que tuvo el COVID-19 y la guerra desatada entre Rusia y Ucrania en 2022, en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible en América Latina desde los enfoques señalados. América Latina ha sido la región más golpeada del llamado “mundo emergente” por la pandemia sanitaria producida por el coronavirus COVID-19 en los ámbitos económicos, sociales y ambientales. La triple crisis a la que nos enfrentó el COVID-19 (social, económica y sanitaria) evidenció las grietas en la región y profundizó las desigualdades históricas; entre ellas, las brechas de género. Además, el deficiente e insuficiente acceso a los servicios básicos, interseccionaron las realidades de las distintas poblaciones que habitan la región, poniendo en situación de especial vulnerabilidad a los 58 millones de personas que pertenecen a alguno de los más de 800 pueblos originarios y a los 134 millones de afrodescendientes.

La pandemia significó un giro de timón para la Cooperación Sur-Sur (CSS), que venía hasta el momento manteniendo declaraciones y documentos tibios, en los que se repetía la importancia de la horizontalidad, de la solidaridad, la no sustitución de la cooperación Norte-Sur por parte de la CSS o Triangular. Las prioridades de los gobiernos cambiaron de forma abrupta e imprevisible, los países entraron en la competición por alcanzar el mismo recurso escaso: la vacuna. Con este panorama, la Agenda 2030 -y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- se puso en tela de juicio por primera vez desde su implementación, generalizando la resignación de que el Desarrollo Sostenible no se alcanzaría en el plazo previsto inicialmente.

Me propongo entonces analizar el impacto socio ambiental que tuvo el COVID-19 en la población latinoamericana, desde un enfoque de género interseccional e intercultural, para establecer el escenario al que tuvieron que dar respuesta los gobiernos de la región, utilizando como marco al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Propongo en este camino avanzar hacia la construcción de Sociedades de Cuidado como norte para alcanzar el desarrollo sostenible, analizando el rol que históricamente han tenido las mujeres. Para profundizar en este análisis, reflexionaré sobre cómo la violencia de género impactó en la región durante la pandemia, y los desafíos que subsisten para la CSS.

En virtud de la relevancia y vínculo entre pandemia/confinamiento social/violencia doméstica, me detendré a analizar la realidad en este punto a nivel regional, enfocándome en las respuestas esgrimidas por parte de los Estados nacionales y visibilizando las lagunas existentes. En el acápite siguiente, propongo realizar un foco sobre las acciones propulsadas desde los Estados durante el COVID-19 teniendo en consideración las particularidades de la realidad política latinoamericana con el fin de contextualizar el escenario en el que reflexionaré sobre la posibilidad de que la CID y particularmente la CSS sea efectivamente una herramienta en la región capaz de colaborar para alcanzar el desarrollo sostenible, conforme lo dispuesto en la Agenda 2030.

Finalmente, analizaré las posibles respuestas desde la Agenda Regional de Género para la conformación de una Sociedad de Cuidado, para lo cual reflexionaré sobre el potencial rol de América Latina como referente en el ámbito internacional para la construcción de un nuevo multilateralismo utilizando como herramienta la CSS y la CID.

2.- DESIGUALDADES ESTRUCTURALES Y DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19: EL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL EN LA REGIÓN MÁS DESIGUAL DEL MUNDO ANALIZADO DESDE EL CONSENSO DE MONTEVIDEO SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el coronavirus COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional, y el 11 de marzo del mismo año declaró que el virus podía considerarse una pandemia. De los tres ámbitos que conforman el desarrollo sostenible, analizaré el impacto socioambiental, desde un enfoque interseccional, intercultural y territorial, para más adelante enfocarme en las respuestas de los Estados (nivel interno) y las relaciones internacionales.

La pandemia estalló en nuestros países en un ciclo en el que estábamos recuperándonos de la crisis del 2008 y sus consecuencias económicas. En este marco, los efectos económicos y sociales del COVID-19 se amplificaron en razón de los problemas estructurales de la región, como los elevados niveles de desigualdad, la informalidad laboral, la desprotección social, la pobreza, la vulnerabilidad y la violencia.

Si bien el COVID-19 impactó de múltiples formas en las sociedades latinoamericanas, el ámbito en el que mayor repercusión tuvo fue el de la salud, por las consecuencias directas del virus en un sistema sanitario sin infraestructura; pero también por las múltiples consecuencias indirectas. Tal es así que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la salud de la población latinoamericana ha sido de las más afectadas del mundo y sus consecuencias directas e indirectas aún no logran cuantificarse en profundidad. Además, en momentos en los que se necesitaban respuestas profundas, coordinadas y efectivas por parte de los Estados, la debilidad de los sistemas de salud y de protección social, la expansión de asentamientos urbanos sin acceso a servicios básicos ni internet, complejizó la realidad social. Se sumó también al cocktail la presencia de grandes flujos migratorios y desplazamientos de población.

Por otro lado, es importante mencionar aquí que las crisis nunca son indiferentes al género: de manera histórica las emergencias ambientales, guerras o crisis humanitarias impactan de forma diferenciada en mujeres y hombres (y a su vez, las mujeres viven estos eventos de manera diferenciada según sus realidades). Por ello, no es de extrañar que la emergencia sanitaria haya tenido un mayor impacto en las poblaciones históricamente situadas en condiciones de mayor vulnerabilidad, entre las que se encuentran las mujeres, niñas, personas mayores, poblaciones originarias, comunidad LGBTTTIQ+, migrantes, entre otras; profundizando significativamente las desigualdades socioeconómicas, sanitarias, ambientales, de género y étnico-raciales que estructuran el sistema capitalista, patriarcal y colonial en el que estamos inmersos .

Dado que el Consenso de Montevideo aborda de manera interseccional los desafíos que pesan sobre las distintas poblaciones, haciendo foco y generando compromisos allí donde se considera que es importante la elaboración de políticas públicas para promover el ejercicio pleno de sus derechos humanos; propongo examinar el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19 teniendo como marco dicho instrumento regional. Partiré de la crítica de que, pese a la experiencia de los Estados respecto al manejo de crisis anteriores (humanitarias, climáticas, económicas) las medidas adoptadas no fueron pensadas en clave de género, exponiendo a estos grupos a situaciones graves de mayor vulnerabilidad.En el caso de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, por ejemplo, si bien la mortalidad de los mismos fue baja en comparación a otros grupos etarios, de manera indirecta han sufrido la consecuencia del COVID-19 por la postergación y suspensión de controles regulares de salud; o por el impacto en la salud mental (aspecto incluido en la medida prioritaria 7 del Consenso de Montevideo).

Respecto a la educación, no todos los hogares pudieron adaptarse a las necesidades de la pandemia e innovar en la educación de las infancias. El cierre prolongado en las escuelas de la región podría desencadenar lo que desde Naciones Unidas (NNUU) han llamado una “catástrofe generacional” debido al aumento de las brechas en el aprendizaje y también en las habilidades. La interrupción del ciclo escolar impactó particularmente en aquellos estudiantes que se encontraban en situación de desventaja antes de la pandemia, sobre todo en adolescentes y jóvenes de niveles sociodemográficos bajos, migrantes, pertenecientes a comunidades originarias y afrodescendientes, e infancias con discapacidad. Desde CEPAL se estimaba en 2020 que alrededor de 3 millones de estudiantes no retomarán su educación luego de la crisis, correspondiendo principalmente a quienes asisten a niveles terciarios de educación (en virtud del costo superior asociado a los estudios), y a estudiantes de nivel pre primario, al ser quienes tienen mayores dificultades para continuar la instrucción a distancia en virtud de su edad. El cierre de las escuelas de la región también tuvo consecuencias en la salud y nutrición de las y los estudiantes puesto que significó la discontinuidad de las cantinas escolares, único lugar de provisión de alimentos para una parte importante de las infancias latinoamericanas.

Si analizo lo dicho desde un enfoque de género, es importante remarcar que fueron principalmente las niñas y adolescentes quienes se han visto sobrecargadas con labores domésticas y de cuidado en virtud de la desigual distribución de estas tareas marcadas por los roles de género, siendo también ellas quienes se encontraron en mayor condición de vulneración frente a situaciones de violencia sexual y física por el confinamiento social. En la misma lógica, estas medidas de prevención de propagación del virus dispuestas en la mayoría de los países de la región, no tuvieron en consideración la repercusión e impacto en la vida de miles de mujeres y niños que, de un momento a otro se encontraron encerrados con sus agresores sin escapatoria alguna. De hecho, casi 6 de cada 10 adolescentes y jóvenes en la región consideran que la violencia de género aumentó durante la pandemia. El cierre de los centros de salud y escuelas también impactó en este aspecto, puesto que son espacios en los que las y los profesionales pueden detectar las situaciones de violencia doméstica, particularmente cuando ocurren en hogares que no acudirán al sistema judicial a pedir ayuda. Volveré sobre la violencia de género, particularmente la doméstica, en el punto siguiente.

Las estimaciones de la CEPAL en 2021 respecto a las consecuencias para la vida de las mujeres y niñas, adolescentes y jóvenes latinoamericanas eran alarmantes incluso por otras razones. La CEPAL señalaba que la reducción de los servicios destinados a la salud sexual y reproductiva durante la pandemia, podría implicar un aumento de la tasa específica de fecundidad adolescente, la cual pasaría de 61 a 65 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 a 19 años, significando un retroceso de 5 años en la reducción de dicha tasa. Esto, según la CEPAL se debe a distintos factores: en primer lugar, a las dificultades y barreras que deben atravesar para acceder a métodos anticonceptivos y servicios de salud sexual y reproductiva. En segundo lugar, como he mencionado en el párrafo precedente, el confinamiento social expuso a las niñas y adolescentes a situaciones de mayor violencia sexual y abuso intrafamiliar, pudiendo derivar en embarazos no deseados. En tercer lugar, a la postergación de la puesta en práctica de programas de Educación Sexual Integral (ESI), por parte de los 38 países que adhirieron al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2013, que constituye una medida importante para la prevención del embarazo adolescente.

En el caso de las personas mayores, el Consenso de Montevideo en su capítulo C “Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos”, establece 15 medidas prioritarias sobre envejecimiento y protección social. Asimismo, existen en la región numerosos instrumentos, acuerdos e iniciativas internacionales y regionales que determinan un cambio de paradigma en el que se reconoce a las personas mayores como titulares de derechos, se valoran sus aportaciones al desarrollo de sus comunidades y se comprende que no existe una única forma de envejecer. Es decir que existen suficientes herramientas para orientar la acción de los gobiernos en la construcción de políticas públicas que tengan en el centro la protección de los derechos humanos y la mejora en las condiciones de vida de estas personas. La pandemia tuvo efectos directos diferenciados desde el inicio sobre las personas mayores, traduciéndose en un aumento de la demanda de atenciones especializadas y críticas de salud y de cuidados (cuando, como veremos luego, este fue uno de los puntos más problemáticos de la gestión pandémica). Asimismo, fue más difícil la continuidad de tratamientos de enfermedades preexistentes, desconociéndose hasta el momento el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de este grupo etario, quien además de lo dicho, se ha visto aislado de sus redes de apoyo y de afecto. Esta realidad, fue aún más preocupante y grave en el caso de las personas mayores con discapacidad, puesto que no sólo debieron lidiar con las dificultades señaladas, sino que también tienen por lo general una mayor dependencia a otra/s persona/s, y múltiples tratamientos o controles que realizar.

En el caso de las personas mayores pertenecientes a pueblos originarios, particularmente las mujeres, el agravante es que las muertes pueden causar una pérdida cultural irreparable, al ser quienes portan la sabiduría y memoria colectiva a través de sus roles de sanadoras y cuidadoras. En tal sentido, las condiciones de habitabilidad de los pueblos originarios, con acceso limitado al agua, y en condiciones de hacinamiento, implicaron que este sea el grupo con mayor riesgo de morir por COVID-19. La población afrodescendiente también constituye uno de los grupos con mayor vulnerabilidad a la pandemia, en virtud de las desigualdades étnicas y territoriales, de la profunda discriminación, del racismo estructural y el prejuicio racial, de la mayor exposición y propensión a contraer la enfermedad y del menor acceso a la atención sanitaria.

Ahora bien, al analizar el impacto de la pandemia en las economías de los hogares latinoamericanos, fueron también las mujeres quienes más sufrieron las consecuencias. Concretamente, durante el segundo trimestre del 2020, América Latina experimentó la mayor pérdida de horas de trabajo en el mundo como resultado de la merma de los puestos de trabajo y de la reducción de las jornadas laborales, afectando el empleo de las mujeres en mayor medida que el de los hombres. La diferencia entre ambos grupos sociales estriba en que las mujeres, por lo general, se encuentran en situaciones laborales más precarias o irregulares, en comparación con sus pares hombres, lo que implica que tienen poco acceso a la seguridad social y mayor dificultad para surfear escenarios de desempleo sostenido. Son las mujeres las que realizan las tareas de cuidado, de forma remunerada (en tal caso, principalmente mujeres migrantes, indígenas o afrodescendientes, como señalaremos infra), y no remunerada.

La pandemia, en suma, ha dejado al descubierto la urgente necesidad de fortalecer los esfuerzos para alcanzar la igualdad de género en la búsqueda por que el “no dejar a nadie atrás” no sea sólo un slogan. La división de género en el trabajo, la visibilización de la importancia de las tareas de cuidado, la marcada brecha en el mercado laboral, la desproporcionada carga de las labores de cuidado, y el aumento de las violencias de género en los hogares de toda la región, son solamente algunas de las consecuencias que tuvo la pandemia para las mujeres latinoamericanas.

Como puede entonces adivinarse, la importancia de las tareas de cuidado y su rol trascendental en el mundo actual hace que deba detenerme en el tema para, en primer lugar, señalar su valor durante la pandemia, pero luego, para dotar de contenido a las respuestas que deberán ensayarse a nivel nacional e internacional en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo.

Cuando hablamos de las tareas de cuidado nos referimos a toda aquella actividad que regenera de forma diaria y generacional el bienestar físico y emocional de cada persona. Tomo esta definición y la traigo a colación, por la trascendencia que tiene para el sostén del sistema capitalista y por su invisibilización histórica, a excepción del lapso pandémico. La distribución de las tareas que implican el cuidado de otros seres humanos se encuentran desequilibradas fruto de los estereotipos de género en los que se basa nuestra sociedad y, durante la pandemia, han recaído fundamentalmente en las mujeres. Este trabajo que por lo general es no remunerado e invisibilizado, es esencial para el sostenimiento de la vida propia y de otras personas, y es en el que se sustenta el sistema capitalista y extractivista en el que vivimos. En otras palabras, si las mujeres no hicieran la tarea diaria de cuidar (a las niñas y niños, a sus parejas, a las personas adultas) el trabajo remunerado que hace la otra parte de la sociedad (constituida por hombres fundamentalmente) no sería posible.

La pandemia ha reafirmado la importancia y centralidad de los cuidados porque si bien en la región pre-pandemia las mujeres dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerados, esta realidad se profundizó y agravó ante el aumento de la demanda de cuidados y la reducción de oferta de servicios por las medidas de confinamiento social, preventivo y obligatorio estipuladas para frenar el avance del virus.

Como he señalado, se puso en evidencia además que eran las mujeres latinoamericanas las que, en comparación a sus pares hombres, tenían más trabajos informales o mal remunerados, lo que frente al aumento de las necesidades de cuidado de miembros de la familia (adultos mayores, niñas y niños sin escuela, etc.) decantó en que sean ellas quienes realicen las labores domésticas perdiendo sus empleos, o aumentando significativamente su carga laboral. Este factor se tradujo en “jornadas circulares”. No creo que podamos continuar enunciando las jornadas de las mujeres como “triples jornadas” (haciendo alusión a la acumulación de tareas o trabajos), sino que estimo adecuado hablar de jornadas circulares haciendo referencia a la imposibilidad de descanso.

El sistema capitalista se construyó en base a estructuras familiares y realidades socioeconómicas que están lejos de ser representativas en la actualidad. Las mujeres se han incorporado al mercado laboral producto de procesos emancipatorios, de cambios culturales estructurales profundos y como estrategia de supervivencia económica, pero se han vuelto más pobres en términos de tiempo, porque por un lado incrementan el tiempo de trabajo remunerado, pero por el otro la carga de los cuidados en sus hogares no disminuye.

Este sistema capitalista, se estructura en una economía de generación constante de desechos y basura, que debe desaparecer de la vista de aquella parte de la población que tiene derecho a gozar de una ciudad, casas y estaciones de trenes limpias. Por eso, si bien se constata esta diferencia entre mujeres/hombres, resulta particularmente interesante hacer un breve foco al interior del primero de los grupos mencionados: mientras aquellas mujeres de menores ingresos, a las que se denomina “mujeres de pisos pegajosos”, dedican un promedio de 46 horas semanales al trabajo no remunerado; las “mujeres de techos de cristal”, con mayores ingresos, dedican un promedio de 33 horas semanales (ya que las tareas de cuidado, probablemente sean asumidas por otras mujeres de menores recursos a las que emplean, en condiciones no siempre regulares). Esta problemática, que no es exclusiva de América Latina, tiene fuertes rasgos de discriminación racial, al hacerse evidente que si bien las mujeres (como grupo homogéneo) dedican más horas a las tareas de cuidado que los hombres; entre las mujeres, son particularmente las afrodescendientes y originarias, quienes se encuentran por lo general en posición de mayor desigualdad y vulneración social. Por ello, no es de extrañar que hayan sido las mujeres pertenecientes a estos grupos, quienes han sufrido en mayor medida las consecuencias socioeconómicas de la pandemia.

El sistema es tan despiadado con la vida de las mujeres, que podría proponerse un paralelismo entre esta “mujer-sistema” con las mujeres víctimas de violencia de género en ámbitos domésticos, quienes se encuentran en relaciones disfuncionales de pareja. En este sentido, en las estructuras relacionales construidas en base a una modalidad dictatorial (es decir, en el que las dos personas no se encuentran en un pie de igualdad, sino que una ejerce una relación de poder por sobre la otra) paulatinamente puede instalarse la dinámica conocida como el “ciclo de la violencia”. A través de este ciclo, el autor de violencia busca en primera instancia, dominar a la víctima, someterla, controlarla. La repetición del esquema cada vez con mayor velocidad hace que la víctima termine destruida, agotada. Esto es lo que han vivido miles de mujeres latinoamericanas en sentido estricto y figurado durante la pandemia. El sistema capitalista basado en una estructura machista y patriarcal, en el que los cuerpos de las mujeres soportan violencias y cargas de los cuidados fundamentales que posibilitan que el mismo siga en pie, termina agotando a las mujeres, a veces hasta llegar a su destrucción.

En el siguiente gráfico se observa cómo la división sexual del trabajo y la debilidad de las políticas de cuidado pueden perpetuar los nudos estructurales de la desigualdad:

Fuente: Elaboración propia, en base a: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Sociedad del Cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, 46, (2022, grafico 1).

En virtud de esta realidad, en plena pandemia desde Naciones Unidas (NNUU) se instó a los Estados a Reconocer, Redistribuir y Reducir las tareas de cuidado. Compromiso que es asumido por los mismos en la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. A través del Compromiso de Santiago, se hizo mención explícita a la necesidad de “implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres, y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores clave, incluido el de la economía del cuidado” .

Por todo ello, vuelve a adquirir un rol trascendental la importancia de poner a las tareas de cuidado en el centro de la discusión de las políticas públicas a nivel local, nacional y regional.

3.- LA VIOLENCIA DE GÉNERO: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA COOPERACIÓN SUR-SUR EN AMÉRICA LATINA

El COVID-19 ha desenmascarado con crudeza las inequidades sistémicas y estructurales, las desigualdades, violencias y discriminaciones de la sociedad, resaltando el impacto desproporcionado y negativo en los grupos en situación de pobreza y subrepresentación, particularmente en las mujeres y sus interseccionalidades.

La pandemia puso en evidencia, que esta es no sólo la región más desigual del mundo, sino también, uno de los lugares en donde año tras año las tasas de violencia contra las mujeres alcanzan los valores más altos. El COVID-19 tuvo un impacto crudo en la vida de este sector de la población latinoamericana y caribeña: en aproximadamente 46 días aumentaron la cantidad de llamadas y denuncias por violencias de género intrafamiliares y sexuales entre un 17% y un 100% en Argentina, Bolivia, São Paulo y Río de Janeiro en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Es decir que en 46 días ocurrieron al menos 51.456 casos de violencias de género intrafamiliares y sexuales, y un promedio de 1.119 denuncias y llamadas diarias, desde el inicio de las disposiciones oficiales de confinamiento hasta el 25 de abril, fecha en la que se publica la última estadística sobre el tema.

El incremento de las denuncias y llamadas a líneas de emergencia durante el confinamiento, se explica en parte por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de las violencias, que increíblemente no eran considerados como servicios esenciales. Los presupuestos nacionales y locales destinaron en gran medida a hacer frente a las consecuencias sanitarias de la pandemia, existiendo menos recursos por ende para la protección de los derechos sexuales y reproductivos, así como para la atención y prevención de las violencias basadas en género. Respecto a este punto, sólo Argentina, Colombia, Honduras, México y República Dominicana declararon la totalidad o parte de los servicios de atención a víctimas/sobrevivientes de violencia de género como servicios esenciales. Resulta paradójico recordar que la mayoría de los Estados latinoamericanos han asumido el compromiso, en carácter de obligación, de actuar diligentemente en la prevención de las violencias hacia las mujeres, según lo dispuesto por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención Belém do Pará).

El confinamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto en la mayoría de los países de la región para frenar la propagación del virus, implicó para muchas mujeres encontrarse encerradas con sus agresores, sin escapatoria posible. Este aumento de la violencia de género, se traduce de manera directa en la disminución del potencial de las mujeres en sus tareas de producción y en el disfrute del derecho humano a la vida de forma plena y sana. En América Latina, esta realidad ha sido particularmente dramática, recordándonos por ende que la problemática referida es de absoluta actualidad.

Otra de las consecuencias directas de la pandemia fue que durante la misma, los casos de femicidio/feminicidio se mantuvieron a nivel regional. Estos crímenes están presentes en el día a día de las mujeres latinoamericanas, escondiendo toda una serie de prácticas arraigadas en la cultura machista, en desigualdades y discriminaciones estructurales e históricas inmersas en un sistema patriarcal, capitalista, extractivista y colonialista que las oprime. Los altos índices de violencia contra las mujeres, el limitado o nulo acceso a la justicia exacerbado por trámites burocráticos, personal no capacitado en género, la elevada impunidad y la persistencia de patrones socioculturales discriminatorios, entre otras causas, coadyuvan a que el número de muertas siga en aumento.

En este sentido, a pesar del camino recorrido en el reconocimiento a los derechos humanos de las mujeres, la realidad continúa siendo preocupante: a nivel regional, si tenemos en consideración la información proporcionada por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 2023 para 27 países y territorios de la región. Según NNUU el 65% de los femicidios ocurridos en 2023 fueron perpetrados por la pareja o ex pareja de la víctima. En otras palabras, el hogar es el sitio predilecto para los feminicidas. Analizando esta dura realidad, y en consonancia con los datos aportados en forma precedente, observamos que una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica, con masculinidades fragilizadas, es la de aislar a la víctima. Por este motivo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en la gran mayoría de los países latinoamericanos para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, además de las consecuencias socioambientales a las que nos hemos referido anteriormente, ha contribuido al aumento de los casos de violencia hacia las mujeres y de los femicidios/feminicidios en los países de la región, en particular en comunidades marginales y vulneradas de grandes ciudades, y en zonas rurales o aisladas.

Terminar con la violencia de género, es uno de los grandes desafíos de los países de América Latina y el Caribe, y debería verse plasmado en acciones concretas tendientes a alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. A pesar de ello, la falta de compromiso y negligencia por parte de los Estados se evidencia en la perpetuidad de estos crímenes, profundizada por la falta de información actualizada, disponible y en formato de datos abiertos en la mayoría de los países de la región. Esta realidad complejiza la construcción de nuevas dinámicas sociales, imposibilitando la utilización de los datos para la construcción de mejores decisiones y políticas públicas basadas en evidencia, en la búsqueda por alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Poner fin a las violencias hacia las mujeres es una decisión política. Por eso, a nivel interno los distintos Estados de la región deberían comenzar a elaborar y profundizar políticas públicas de prevención, de capacitación y fortalecimiento comunitario, de trabajo con las masculinidades, y de educación desde los primeros años de vida. En relación con la prevención, al igual que lo que sucede en relación al trabajo con masculinidades, numerosos actores claves como organizaciones de la sociedad civil y grupos de mujeres titulares de derechos, incorporan en sus proyectos y programas un componente de masculinidades positivas orientado a generar cambios en el imaginario de la población masculina como mecanismo de prevención ante las violencias.

Por todo ello, a nivel regional y global la violencia de género es también una de las principales batallas que debemos ganar para alcanzar el desarrollo sostenible. La pandemia dejó en evidencia que este es un tema que nos atraviesa como sociedad, independientemente del punto geográfico que habitemos. Por eso, la Cooperación Sur-Sur podría ser una herramienta interesante para avanzar en esta dirección trascendiendo el ámbito internacionalista y llevando respuestas concretas a la ciudadanía, máxime cuando por fin las agendas de desarrollo parecen converger con las de derechos humanos y ambiente, y transversalizarse con la de género. En concreto la CSS podría facilitar canales de intercambio respecto a las lógicas de trabajo en los distintos procesos que se impulsan mediante la gestión de programas, proyectos y acciones de la cooperación para el desarrollo, afirmando en la práctica de su aplicación, la obtención de mejores resultados, sostenibles en el tiempo.

Ante las evidencias que apuntan a una actual falta de trabajo y enfoques sistematizados para la elaboración de estrategias efectivas e intercambio de experiencias y conocimiento al interior de los diferentes países de la región (entre los actores públicos, pero también con actores claves como son las organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres), es relevante que los Estados nacionales aumenten sus esfuerzos de coordinación estratégica, a fin de facilitar la comunicación, reforzando con recursos económicos y técnicos allí donde existen las brechas. La CSS podría ser una herramienta muy interesante para colmar estos vacíos, intercambiando buenas prácticas y conocimientos similares.

Del mismo modo, es imprescindible potenciar los esfuerzos que se están realizando desde los Estados maximizando su impacto y capacidades: por un lado, a través de presupuesto acorde, y por el otro a través de la generación de alianzas y colaboraciones con actores estratégicos (tales como ministerios, redes de personas jóvenes, universidades, organizaciones de la sociedad civil -OSC-, entre otros). En este sentido, es preocupante que muchos de los servicios estatales para prevenir y atender los casos de violencia de género señalen la falta de personal y de recursos, particularmente en los últimos meses del año 2020, atribuyendo esta realidad a las dificultades económicas producto de la crisis sanitaria.

En resumen, ante las evidencias que apuntan a una actual falta de trabajo y enfoques sistematizados para la elaboración de estrategias efectivas e intercambio de experiencias y conocimiento, al interior de los diferentes países de la región (entre los actores públicos, pero también con actores claves como son las organizaciones de la sociedad civil y redes de mujeres), es relevante que los Estados nacionales aumenten sus esfuerzos de coordinación estratégica. De esta manera se refuerza la acción y el impacto con recursos económicos y técnicos allí donde existen las brechas y lagunas, dando cumplimiento a las obligaciones internacionales, como la Convención Belém do Pará, y se coadyuva a alcanzar el desarrollo sostenible.

4.- PENSAR GLOBAL/ACTUAR LOCAL: LA POLÍTICA LATINOAMERICANA COMO FACTOR DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD POST-PANDEMIA

De la información proporcionada, emana que, pese a los impactos positivos de las políticas públicas implementadas por los distintos países de la región, las medidas son insuficientes para alcanzar el desarrollo sostenible en el plazo estipulado, con lo cual se asevera con urgencia la necesidad de, por un lado, continuar profundizando las políticas públicas destinadas a eliminar brechas de desigualdad socioeconómica y mitigación ambiental, y por el otro, redoblar los esfuerzos acelerando las acciones.

En tal sentido, quedó en evidencia la necesidad de construir sociedades más resilientes capaces de soportar shocks como el producido por la pandemia, pero que en un futuro podrían venir de la mano de crisis ambientales, humanitarias, sanitarias, entre otras. Asimismo, nos cuestionó sobre el impacto que tienen nuestras acciones sobre el ambiente y como este se reconstruye al retirarse el ser humano de la escena de exterminio y consumo desmedido.

Sin embargo, los esfuerzos deben realizarse en una región con instituciones debilitadas, en las que por primera vez después de mucho tiempo las consecuencias de guerras lejanas impactan en sus economías, y con democracias que, a diferencia de lo que sucedió en la década del 80, no gozan de la misma salud y fortaleza. Este círculo vicioso de sociedades fragmentadas, gran desigualdad en múltiples ámbitos, pobreza y violencia tiene como escenario una América Latina que padece las consecuencias de sus propios avances: la consideración de varios de sus países como de renta media dificulta el acceso a recursos de CID.

Con relación a ello, es interesante recordar que América Latina durante los últimos treinta años ha logrado mantenerse al margen del impacto externo (como por ejemplo la guerra en Irán, Afganistán y Siria), por lo que sus principales preocupaciones eran de origen interno (desigualdad, violencia, corrupción…). Sin embargo, el costo de la pandemia a diversas escalas, el shock en los precios producto de la guerra de Rusia y Ucrania, y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, han contribuido a preparar el terreno para el aumento del descontento social, máxime cuando las democracias de la región no gozan de gran apoyo y estabilidad.

Hoy en día nos encontramos con profundas diferencias sociales respecto a lo sucedido en la “Década Perdida” de la región. En los ‘80, cuando distintos países recuperaban sus democracias, la sociedad estaba dispuesta a ceder parte del bienestar socioeconómico y soportar la crisis de la deuda, el alza de las tasas de interés y la inflación justamente por haber vivido los Golpes de Estado de manera reciente. En este momento, luego de haber sobrevivido a una pandemia, a lo que se le suman de manera inmediata los factores señalados en el párrafo precedente, las nuevas generaciones no miden necesariamente su realidad con los mismos parámetros. Por ello, en su mayoría no están dispuestos a soportar los costos de la reducción de la inflación y la deuda; lo que, en un escenario fragilizado institucionalmente y fracturado socialmente, podría ser un caldo de cultivo que ponga en peligro las democracias.

Sabiendo que lo que puede estar en juego es justamente la democracia de nuestros países, deberíamos elaborar las nuevas respuestas proponiendo un nuevo estilo de desarrollo, a través de una nueva relación Estado-mercado-sociedad. Para ello, en primer lugar, debe reconocerse que el modelo de desarrollo sostenido desde finales de los años 70 nos ha llevado a la crisis del 2008, primero, y a la pandemia del COVID-19, después. A partir de allí, se abren al menos tres propuestas: continuar con el mismo modelo, adaptando algunos de sus elementos a las demandas actuales; una respuesta “de rivalidad” en la que las economías más fuertes se retraigan, cuestionando el multilateralismo y fomentando la rivalidad geopolítica (favoreciendo un escenario similar al de los años 30); o bien, la propuesta de superación del modelo, que propicia acuerdos internos y externos de cooperación, impactando en el fortalecimiento de las democracias y de los mecanismos institucionales de cooperación multilateral.

En la actualidad, sería interesante que los gobiernos de la región implementen la planificación para el desarrollo como mecanismo para coordinar un proceso de transformación resiliente y sostenible, a través de la articulación multiactor, multisector y multinivel del gobierno. Sin embargo, para que esto sea posible hubiera sido deseable que los gobiernos cuestionen las respuestas esgrimidas durante la crisis sanitaria para ajustarlas a futuros eventos de similares características. En contextos policríticos como los actuales, no podemos permitirnos vivir en escenarios como los que existieron durante la pandemia: A nivel interno, la desarticulación entre los distintos actores (Estados central y subnacionales) generó tensiones e implicó el desperdicio de la visión y capacidades territoriales. Asimismo, se desaprovechó la posibilidad de abrir espacios de participación ciudadana multiactor (incluyendo a gremios, sector privado, academia, OSC), lo que podría haber entrañado un impacto positivo al aportar el conocimiento, recursos financieros, innovación y, por sobre todo, otorgar legitimidad y transparencia a las medidas implementadas.

Frente a los desafíos que nos impone el cambio de época en el que vivimos, la CID y particularmente la CSS deben reestructurarse y proponer respuestas disruptivas en un sistema que ha mostrado sus límites. De este modo, a través de los mecanismos de cooperación promovidos desde un espacio de integración regional, no solamente se facilita el intercambio de buenas prácticas, información, recursos de diferente índole, experiencias y metodologías comparables o compartidas, sino que también se logra legitimidad y cohesión cuando se buscan impulsar medidas delicadas o conflictivas, pero necesarias (como puede ser por ejemplo cambios en la política fiscal o aumentar las regulaciones de empresas transnacionales que operan en la región). Además, si se impulsa la construcción y fortalecimiento regional, se impactará en el fortalecimiento del multilateralismo global que reconoce las asimetrías entre los países en desarrollo y desarrollados, y que se sustenta en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y en el principio de solidaridad.

Si el deseo de avanzar y aprender a gestionar la policrisis a nivel regional y global es genuino, es trascendental que todas las respuestas sean elaboradas en clave de género interseccional e intercultural a los fines de incluir a más de la mitad de la población mundial, con sus particularidades y necesidades. Cuestionar este sesgo de exclusión histórica que naturaliza la subordinación y cristaliza estructuras de poder desiguales, posibilita la elaboración de interrogantes que pongan en cuestión la hegemonía de este, invitándonos a construir nuevas formas de pensamiento en clave de género.

En este sentido, la Agenda 2030 sigue siendo el norte ya que plasma de forma robusta los desafíos hacia las mujeres y niñas en el ODS 5, así como a una transversalización de género en las metas e indicadores de la mayoría de los 17 ODS. Lo interesante de este punto es que todo el trabajo que se desarrolle en pos de alcanzar cualquiera de los ODS tendrá un impacto -positivo o negativo, pero siempre existente- en los restantes dado su carácter indivisible e integrado. Por eso, es importante tener presente en el análisis, que en estos contextos de crisis cualquier acción que se realice generará un impacto para acercarnos o alejarnos del camino trazado por la Agenda 2030.

5.- LA AGENDA REGIONAL DE GÉNERO Y LOS DESAFÍOS DE LA POST PANDEMIA. PENSANDO SOLUCIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO INTERSECCIONAL EN AMÉRICA LATINA

A pesar de la trascendencia de la Agenda Regional de Género en América Latina, como detallé previamente, el impacto de la pandemia producida por el COVID-19, profundizó los nudos estructurales en los que se sostiene la desigualdad entre los géneros. Esta realidad puso en evidencia, por un lado, la injusta organización social de los cuidados y su impacto en la vida de las mujeres, y dentro de este grupo particularmente de las mujeres afrodescendientes y originarias. Por el otro lado, evidenció la necesidad de avanzar de manera decidida e integral hacia un cambio de estilo de desarrollo que ponga en el centro a los cuidados y a la sostenibilidad de la vida.

El modelo de desarrollo actual, centrado en el capital y la acumulación por desposesión, encuentra sus bases en el extractivismo, en la depredación ambiental, la violencia, y el despojo de las comunidades originarias y rurales, y es claramente destructivo para la sociedad y para el Planeta. Por ello, el camino hacia la construcción de la Sociedad de cuidado debe reconocer el principio de eco-dependencia, es decir la dependencia particularmente de los seres humanos hacia el ambiente y la naturaleza, y actuar en consecuencia. En este sentido, los distintos ejes estructurales que componen el tejido social (pertenencia a un determinado estrato socioeconómico, etnia o raza, ser una persona con discapacidad, el estatus migratorio, el territorio en el que se habita, el género, o incluso la etapa en el ciclo de la vida de una persona) constituyen interseccionalidades que contribuyen a la opresión, discriminación múltiple y simultánea que se han intensificado durante la pandemia.

Como señalaré al analizar el Compromiso de Buenos Aires, América Latina plantea una respuesta diferente al modelo de desarrollo actual, antropocéntrico y androcéntrico, al poner en el centro la importancia de cuidar, de nosotros y nosotras, de los otros y otras, y del Planeta. Esta apuesta, encuentra sustento en la conformación de una Sociedad de Cuidado que exige una profunda reorganización política y social de los cuidados a través de una participación activa de los Estados, pero también de las comunidades, los hogares, familias, e incluso del mercado. De este modo se podrían transformar las relaciones desiguales de poder en las que se sustentan nuestras sociedades a través de la división sexual del trabajo, la cultura del privilegio y una autonomía económica, política y física total de las mujeres. Para ello, es fundamental promover la redistribución del trabajo de los cuidados superando la asignación de la responsabilidad a las mujeres, desarmando la cultura patriarcal y del privilegio que ha contribuido a desvincular a los hombres de las tareas de cuidado; y propender al equilibrio de las cargas y beneficios que se derivan de la relación ser humano/ambiente.

Para lograr este cambio resulta importante comprender la relevancia que tienen los cuidados para el Desarrollo Sostenible y el bienestar en América Latina y el Caribe, considerando que los sistemas de bienestar en la región se sustentan en tres pilares y derechos fundamentales: la educación, la salud y la seguridad social, a los que se accede en gran medida a través del trabajo remunerado. Es importante integrar como cuarto pilar al cuidado ya que caso contrario el resto de los pilares corren el riesgo de derrumbarse (tal como ha quedado en evidencia durante la pandemia).

Como puede adivinarse el desafío es importante, por eso la construcción de la Sociedad de Cuidado sólo es posible si se genera de forma colectiva, vinculando a distintas instituciones y actores con un compromiso político sólido, partiendo del acuerdo de que gran parte del crecimiento económico y del bienestar de la población se sustenta en el trabajo de cuidado y en los llamados recursos naturales.

En línea con esto, es relevante mencionar que las distintas Conferencias Regionales en la materia, nunca han sido indiferentes a este tema y a su importancia en la Agenda de Género. Así, ya desde la primera Conferencia Regional sobre la integración de la mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe (La Habana, 1977), el tema de los cuidados para hacer avanzar la agenda ha sido central en los debates y acuerdos, continuando este camino hasta la fecha, tal como puede visualizarse en el siguiente diagrama.

Fuente: Elaboración propia en base a: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Hacia la Sociedad del Cuidado. Los aportes de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible, (2022), 7.

En tal sentido, considero importante analizar cómo se han estructurado las dos últimas Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, al ser el espacio por excelencia de articulación política respecto a los desafíos en relación a los derechos de las mujeres, multiactor, multinivel y multilateral en la región.

En 2020 se llevó adelante en Santiago de Chile la XIV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que se abordó la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes y se aprobó el Compromiso de Santiago. En dicho documento, los países de la región se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para acelerar la implementación efectiva de la Plataforma de Acción de Beijing y de la Agenda Regional de Género, enfocándose particularmente en el fortalecimiento institucional y de la arquitectura de género a través de la transversalización de la perspectiva de género en los diferentes niveles de los Estados, entre otras medidas. Particularmente se destacan acuerdos destinados a erradicar la violencia de género; promover la economía de cuidado (mediante el diseño y puesta en marcha de sistemas integrales de cuidado); la implementación de políticas anticíclicas sensibles a las desigualdades de género, para reducir los efectos de la crisis sanitaria en la vida de las mujeres; propender a la reducción de la brecha salarial; fomentar la participación laboral de las mujeres en áreas tales como la ciencia, tecnología, matemática e ingeniería; y aumentar la presencia y representatividad de las mujeres en los procesos de toma de decisión con el fin de alcanzar democracias paritarias.

En noviembre de 2022, se llevó adelante en Buenos Aires la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe y el Foro Feminista preparatorio a la Conferencia, impulsado por las organizaciones de la sociedad civil y redes de la región. La conferencia reunió a delegados de 30 países de América Latina y el Caribe y otras regiones, representantes de 17 agencias de Naciones Unidas y de 14 organismos intergubernamentales. A ellos se sumaron más de 750 representantes de organizaciones regionales, subregionales, y nacionales de la sociedad civil. El tema de la Conferencia fue “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”.

Los representantes de las OSC se reunieron el lunes 7 de noviembre para llevar adelante el Foro Feminista en el que se elaboró una Declaración Política. Tras meses de trabajo en diversas comisiones, quienes conformamos dichos espacios logramos condensar y consensuar las urgencias y reclamos hacia los Estados de los distintos sectores de los feminismos latinoamericanos y caribeños. Además de exigir respuestas a los Estados para el reconocimiento de las tareas de cuidado y la elaboración de políticas públicas que tengan en cuenta a todas las mujeres en su diversidad, exigimos la promoción de un nuevo modelo de desarrollo que ponga la vida en el centro y que impulse un pacto fiscal que sostenga verdaderas políticas de cuidado. Finalizamos, exigiendo que las respuestas sean construidas con la participación de múltiples actores, en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de género interseccional, transversal e incluyente de todas las diversidades.

Tras esta reunión de la sociedad civil, se llevó adelante en Buenos Aires la Conferencia Regional, dando por resultado el documento titulado Compromiso de Buenos Aires, del que quisiera resaltar algunos puntos. En primer lugar, los países de la región acordaron acelerar los esfuerzos para implementar todas las medidas necesarias para acelerar la efectiva implementación de la Agenda Regional de Género y la Plataforma de Acción de Beijing. Para ello, concertaron fortalecer la institucionalidad y la arquitectura de igualdad de género, mediante la jerarquización al más alto nivel de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y la transversalización de la perspectiva de género multinivel y en los distintos poderes del Estado, para lo que prevé el aumento de la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y el seguimiento y rendición de cuentas con participación ciudadana. Además, reconocieron que las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad y a lo largo de todo el ciclo de vida, enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación y opresión, por lo que es necesario adoptar estrategias interseccionales que respondan a las necesidades específicas. Respecto al tipo de desarrollo, los Estados se comprometieron a promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados, en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible.

Por otro lado, como he adelantado, el Compromiso de Buenos Aires avanza hacia la construcción latinoamericana de una Sociedad de Cuidados. En tal sentido, los países reconocieron al cuidado como un derecho de las personas a cuidar, ser cuidadas y a ejercer el autocuidado sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género. En esta línea, el Compromiso señala que además de un derecho es una responsabilidad compartida por las personas de todos los sectores de la sociedad, las familias, las comunidades, las empresas y el Estado, para lo cual es necesaria la adopción de marcos normativos, políticas, programas y sistemas integrales de cuidado con perspectiva de interseccionalidad e interculturalidad. Añade que los mismos deberán respetar, proteger y cumplir los derechos de quienes reciben y proveen cuidados de forma remunerada y no remunerada, previniendo todas las formas de acoso sexual y laboral en el mundo del trabajo formal e informal, y que deberán liberar tiempo para que las mujeres puedan incorporarse al empleo y a la educación, participar en la vida pública, en la política y en la economía, y disfrutar plenamente de su autonomía.

Como he analizado a lo largo de este artículo, en el ámbito de la cooperación internacional se ha avanzado, y hoy en día las mujeres son consideradas como sujetas activas de desarrollo. No obstante, sigue existiendo confusión en cuanto a la comprensión del concepto de género. Esto se evidencia en que los planes y programas que se buscan llevar adelante tienen en cuenta como beneficiarias a las mujeres, sin incluir en la estrategia a los hombres o personas de la comunidad LGBTTTIQ+. Por eso, considero que uno de los puntos de mayor interés del Consenso es el reconocimiento respecto al rol de los Estados en la construcción de políticas con determinadas características. Así, el Consenso señala que para que lo anterior sea posible es fundamental que los Estados diseñen y apliquen políticas públicas que favorezcan la corresponsabilidad de género y permitan superar los perjudiciales roles, comportamientos y estereotipos sexistas a través de normativas orientadas a establecer o ampliar licencias parentales para las diversas formas de familias, así como otros permisos de cuidado de personas en situación de dependencia, incluyendo los permisos de paternidad con carácter irrenunciable e intransferible. Del mismo modo, los países se comprometen a promover masculinidades corresponsables y no violentas para transformar los roles y estereotipos de género, mediante la plena participación de los hombres, los jóvenes y los niños como aliados estratégicos para la consecución de la igualdad de género, incluso mediante la educación, comunicación y programas de sensibilización.

El Compromiso de Buenos Aires avanza también uniendo la agenda de género con la ambiental, al referirse a la importancia de integrar la perspectiva de género, la interseccionalidad y la interculturalidad en las políticas, iniciativas y programas nacionales ambientales, de adaptación y mitigación frente al cambio climático, y la reducción de riesgos de desastres, reconociendo los riesgos e impactos diferenciados en las mujeres, adolescentes y niñas en toda su diversidad. Además, los países se comprometen a promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al ambiente y a la reducción de riesgos de desastres. Frente a la realidad que mencionamos respecto al impacto diferenciado en las mujeres y niñas en tiempos de crisis, se comprometen a promover el fortalecimiento de la capacidad de resiliencia y adaptación de las mujeres, adolescentes y niñas para responder a los efectos adversos del cambio climático y los desastres, la degradación del ambiente y la contaminación ambiental en las ciudades y zonas rurales.

Alcanzar la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres, con una vida libre de violencias y en la que puedan gozar efectivamente los mismos derechos humanos que los hombres, sigue siendo un desafío que pone en jaque el alcance de los ODS en 2030. Por ello, el principal objetivo de la CSS debería ser la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de los países del Sur Global desde una óptica basada en la promoción del desarrollo humano, en sintonía y armonía con la naturaleza, y en clave de género interseccional. Debemos reconocer que el contexto institucional en la región está cambiando y evolucionando desde un enfoque unitario de las desigualdades hacia un enfoque múltiple, pero esto no significa necesariamente que las políticas públicas se generen en clave de género, y menos con enfoque de interseccionalidad política. El desafío es claro: necesitamos definir qué rol tendremos cada uno de los actores que conformamos la sociedad para construir una respuesta urgente: multinivel, multiactor y multilateral y multicultural, con enfoque en derechos humanos y en clave de género interseccional.

El Compromiso de Buenos Aires al respecto señala la importancia de impulsar programas de cooperación subregional, regional y multiregional a través de modalidades de Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular, incluso entre los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres, que promuevan la igualdad de género, la autonomía de las mujeres, la prevención y erradicación de todas las formas de violencias por razones de género, incluido el tráfico y la trata de personas, particularmente de mujeres y niñas, y el derecho al cuidado.

América Latina necesita avanzar hacia el tejido definitivo de una alianza entre la Agenda 2030 y lo dispuesto por la Agenda Regional de Género expresada en los distintos consensos aprobados en las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, a lo que deben añadirse las disposiciones de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción de El Cairo y también la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer. Como se ha señalado en este artículo, tanto a nivel regional como de los Estados centrales latinoamericanos, paulatinamente las prácticas de CSS van ganando terreno ante la toma de conciencia respecto al valor del trabajo conjunto y colaborativo en los complejos escenarios en los que vivimos. La CSS puede jugar un rol fundamental para avanzar hacia la construcción de sociedades más justas, inclusivas, democráticas, participativas y respetuosas de los derechos humanos, al permitir el intercambio de experiencias, buenas prácticas y tejer alianzas destinadas a cerrar las brechas estructurales que persisten en cada uno de nuestros países. La decisión política, el compromiso real, y la participación de las mujeres en cada ámbito del desarrollo de estos procesos, son claves para garantizar el avance en este sentido.

Asimismo, es fundamental transversalizar la perspectiva de derecho en los planes y programas de desarrollo de los distintos países de la región, evitando por ende la priorización de algunos derechos por sobre otros, y contribuyendo a abordar las interrelaciones existentes entre la autonomía física, económica y la toma de decisiones. También, deberán tenerse en cuenta los principios de no discriminación y de igualdad, con el fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva desde una mirada interseccional que evite la simplificación homogénea de las mujeres y trabaje con toda su diversidad. De este modo se podrá alentar la promoción de políticas públicas justas que busquen la igualdad de capacidades, agencia, dignidad y derechos.

Por otro lado, para poder alcanzar el desarrollo sostenible y asegurar el camino señalado, será importante trabajar en la generación del consenso de que los Estados no sean ya los únicos actores involucrados. El desafío de incorporar una mirada centrada en la titularidad de derechos y en la autonomía, implica construir respuestas desde las 4M, asegurando así la sostenibilidad de las políticas públicas, aún en épocas de crisis o desaceleración económica. Necesitamos construir respuestas que nos ayuden a sobrevivir en la sociedad del riesgo en la que estamos inmersos, aun cuando el desarrollo desenfrenado de la sociedad industrial parecería ser la única forma de terminar con las desigualdades, la pobreza y los males de los Estados, y avanzar hacia la Sociedad de Cuidados. La única respuesta a los riesgos globales que enfrentamos y que enfrentaremos con mayor regularidad, es el multilateralismo y la cooperación internacional, pero no la cooperación como ya la hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. Es necesario que los Estados puedan abandonar sus lógicas autónomas y se permitan pensar y accionar de manera solidaria y global, a través de nuevas formas de hacer política y mediante una soberanía conjunta.

El Compromiso de Buenos Aires reafirma en este sentido, el papel fundamental de las OSC, movimientos de mujeres y feministas, de mujeres originarias, afrodescendientes, rurales, con discapacidad, que viven con VIH, mujeres migrantes y jóvenes, y de la personas LGBTTTIQ+, defensoras ambientales y de derechos humanos; y alienta el intercambio y las alianzas entre dichas organizaciones y el Estado para asegurar el avance hacia el logro de los objetivos establecidos en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda Regional de Género; facilitando las condiciones para la participación de dichas organizaciones, abordando las barreras culturales y lingüísticas, e identificando y procurando fuentes de financiamiento.

La CID y particularmente la CSS se enfrentan al gran desafío de innovar tanto en metodologías como en actores, legitimando el rol de las nuevas tecnologías y de la sociedad civil como fuente de ideas para hacer frente a los problemas de los tiempos que corren. Dentro de estas formas innovadoras de gobernanza es menester que el ámbito ambiental y económico de la Agenda 2030 sean impulsadas en las mismas claves de derechos referida. Es imprescindible que se tejan acciones que permitan avanzar a las sociedades, asegurando su bienestar económico, teniendo en consideración que no se contribuya a la opresión de las mujeres y a la profundización de las brechas de género existentes; y que a la vez busquen soluciones sostenibles para el Planeta.

En definitiva, será fundamental la construcción de una coalición social y política que se aglutine en torno a lo propuesto por dichos planes de acción, asegurando la materialización de nuevos puentes construidos desde y con el Sur Global; el intercambio de experiencias y de saberes y la validación de las experiencias y voces del territorio como lineamientos imprescindibles a tener en cuenta para la construcción de políticas públicas innovadoras que permitan modificar las características discriminatorias y patriarcales seculares de nuestras sociedades.

América Latina tiene la posibilidad de recuperar la voz perdida en la mesa global, aportando sus conocimientos y vivencias respecto a un nuevo multilateralismo; sin embargo, para ello, es fundamental que las voces hoy diezmadas puedan unirse y fortalecerse. Si se aúnan los esfuerzos para reforzar la institucionalidad de la integración regional, en espacios en los que estén representados todos los sectores sociales (incluidos pueblos originarios, mujeres en su diversidad, la juventud, etc.), América Latina puede ser la clave frente a la duda global respecto a si el multilateralismo está terminado.

Finalmente, para generar el cambio estructural al que me refiero a lo largo de este artículo, uno de los desafíos centrales será impulsar a nivel regional la creación de instituciones del sistema de cuidados desde una perspectiva de género, que contribuya a la incorporación de las mujeres al mercado laboral e iguale las oportunidades que históricamente les han sido vedadas, facilitando a su vez, el empoderamiento de las mismas y la independencia económica. Será necesario que estas dinámicas sean pensadas y ejecutadas de manera holística, desde un enfoque integral del problema con el fin de aportar soluciones que generen nuevos mecanismos sociales. El Compromiso de Buenos Aires avanza también en esta línea, agregando a lo ya dicho que los Estados se comprometen a adoptar marcos normativos que garanticen el derecho al cuidado mediante la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidado desde las perspectivas de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos, y que incluyan políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad en el territorio. Esta construcción permitirá la elaboración de mecanismos de CSS que efectivamente propicien el intercambio de respuestas y de pensamiento/acción colectiva desde un enfoque en derechos y en armonía con la naturaleza.

Una región como la latinoamericana, con una cultura ancestral de cuidado hacia los otros y hacia el ambiente, y, además, centro de las más grandes reservas de recursos naturales que posee la humanidad, debe necesariamente dirigir hacia allí sus esfuerzos e invitar a la comunidad global a que la siga. Máxime cuando la comunidad internacional parece haber perdido el rumbo y existe, como se ha señalado, una crítica generalizada al multilateralismo. En la región se han gestado desde hace tiempo prácticas muy interesantes que otorgan importancia al reconocimiento, redistribución y reducción del trabajo de cuidados. La CSS podría apoyarse sobre el intercambio de estas y otras prácticas para profundizar el cambio a nivel regional y luego impulsarlo a nivel global.

Hoy más que nunca es evidente que para sobrellevar las múltiples crisis en las que vivimos, necesitamos contar con el esfuerzo de toda la comunidad internacional para gestionar acciones tendientes a elaborar respuestas urgentes en clave de derechos humanos desde una perspectiva de género interseccional y transversal. Tenemos hoy, la posibilidad de “reinventar el futuro”. De nosotras y nosotros depende ser capaces de avanzar hacia la participación activa y colaborativa en la reconstrucción de un sistema social no occidentalista, con una ideología que incluya las voces del Sur.

La pandemia ha desenmascarado con la crudeza propia de las crisis, las inequidades sistémicas y estructurales, las desigualdades, violencias y discriminaciones de nuestra sociedad, poniendo en evidencia el impacto desproporcionado y negativo a los grupos en situación de pobreza y subrepresentación dentro de los continentes, regiones, países y comunidades, y dentro de estos grupos, particularmente a las mujeres y sus interseccionalidades. En este escenario incierto, los Estados no han sabido dar respuestas coordinadas frente a un enemigo común, aumentando la vulnerabilidad de sus habitantes. Pese a ello, la declaración de la cumbre virtual de líderes del G20 celebrada en marzo de 2020, pareciera ser una luz de esperanza en cuanto a la posibilidad de comenzar a avanzar en forma conjunta hacia nuevas formas de cooperación global con el fin de proteger la vida humana, restaurar la estabilidad económica mundial y sentar bases sólidas para un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo. Las declaraciones emitidas tras las diversas cumbres y foros de nuestra región se han elaborado en un sentido similar. No obstante, el escenario geopolítico tras la asunción de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos plantea nuevos desafíos a los que debe dar respuesta la comunidad internacional.

En el caso de América Latina, la inestabilidad política y económica actual se suma a la compleja realidad que debió enfrentar como región en la post-pandemia. El crecimiento insuficiente para reducir la pobreza y la pobreza extrema, se sumó al desafío de aumentar el empleo para hacer frente a sus demandas internas, pero teniendo en consideración las restricciones externas a las balanzas de pagos y sus compromisos asumidos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, y ante la evidencia de que nadie se salva solo, esta crisis es una posibilidad interesante para repensar y reinventar el futuro: un futuro con renovadas formas de integración regional en el que recordemos los beneficios del multilateralismo y se fortalezcan las acciones para avanzar hacia el modelo de desarrollo sostenible que nos marca la Agenda 2030. El multilateralismo deberá entonces en los próximos años, aplicar su capacidad de convergencia para imaginar nuevas formas de cooperación internacional de acuerdo a las necesidades contemporáneas, a través de reglas claras y la consolidación de instituciones regionales para América Latina. Sólo de este modo existirá la posibilidad de que en un mundo en estado de policrisis y en el que cada vez se incrementan más las desigualdades entre seres humanos y las crisis ambientales y climáticas alcanzan valores de no retorno, la CID sea la herramienta para alcanzar una gobernanza colaborativa y solidaria en el ámbito global y regional.

Por otro lado, la nueva CID en América Latina debe tener como objetivo principal fortalecer el rol histórico de nuestra región como zona de paz en el mundo, y para ello trabajar en la implementación de nuevos acuerdos sociales y políticos que posibiliten una sólida integración regional a través de la reestructuración de los organismos existentes. En este sentido, es indispensable que se logre el consenso sobre al menos cuatro agendas: la política, la ambiental, la social, y la económica. Pero estas agendas deben ser necesariamente construidas en clave de género interseccional, caso contrario seguiremos realizando esfuerzos que aumentarán las brechas sociales existentes y contribuirán a consolidar el sistema actual, el cual, como hemos visto, nos está llevando hacia el antropocidio.

Finalmente, teniendo como norte la Agenda 2030, los Estados deberán continuar profundizando sus acciones para generar políticas públicas concretas con el fin de acercarse a alcanzar los ODS en esta década, mediante estrategias que contemplen las necesidades de todos los habitantes de cada uno de los países. Alcanzar la igualdad de género y la autonomía económica de las mujeres, con una vida libre de violencias y en la que puedan gozar efectivamente los mismos derechos humanos que los hombres, sigue siendo un desafío que pone en jaque el alcance de los ODS en 2030. El ODS 5, es vertebral puesto que es el único que se refiere específicamente a las mujeres y a las niñas. Si la mitad de la población mundial sigue estando sometida y oprimida por un sistema estructural patriarcal, sostenido a base de violencia, extractivo de sus fuerzas y de los recursos naturales, los esfuerzos seguirán siendo en vano. Por ello, la cooperación internacional puede ser una herramienta para la mejora de las condiciones de vida de las personas, en sintonía y armonía con la naturaleza y en clave de género interseccional.

La pandemia nos enfrentó como sociedad a una posibilidad histórica de pensar y construir nuevas formas de cooperación internacional en el que todas y todos tengamos un espacio en la mesa de pensamiento/acción. Este punto de inflexión significa repensar el rol, los medios y la potencialidad de la CID en la actualidad, poniendo el acento en la necesidad de desarrollar mecanismos de solidaridad global y fortaleciendo el multilateralismo como paradigma de acción, pero con la claridad y convicción de que este sistema no puede continuar cerrado en los Estados centrales: es urgente la necesidad de abrir el juego a otros actores. Será necesario fortalecer las democracias participativas, repensar con urgencia mecanismos innovadores de participación ciudadana, blanquear el rol de los actores privados, de los Estados locales, de las organizaciones internacionales, las OSC y apuntalar los mecanismos institucionales existentes a nivel regional. Para ello, la CSS deberá respetar las mismas exigencias de eficacia, responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia que recaen en cabeza de la cooperación tradicional, a fin de contribuir a la construcción de democracias robustas y a ganar legitimidad en el debate sobre la reforma de la gobernanza global de la ayuda.

Tenemos la oportunidad de construir un mundo más solidario, igualitario y resiliente para hacer frente a futuras crisis. El contexto institucional en la región está cambiando y evolucionando desde un enfoque unitario de las desigualdades hacia un enfoque múltiple, aunque persiste el desafío de que las políticas públicas se generen en clave de género y desde un enfoque de interseccionalidad política. En esta nueva etapa, cada uno de nosotros tiene un rol asignado que debe asumir para construir con urgencia una respuesta multinivel, multiactor y multilateral y multicultural desde América Latina hacia el resto del mundo, con un enfoque en derechos humanos y en clave de género interseccional.

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^* Eugenia D’Angelo. Dra. En Estudios Avanzados en Derechos Humanos. MundoSur. E-mail: direccion@mundosur.org; ORCID:https://orcid.org/0000-0001-5067-8467.↩︎
El presente artículo es un extracto de uno de los capítulos de la tesis doctoral de la autora, titulada “La Cooperación Sur-Sur como herramienta para alcanzar el Desarrollo Sostenible en América Latina. Análisis desde los Derechos Humanos con un enfoque de género interseccional”, (Universidad Carlos III de Madrid, 2023).↩︎
John Ruggie, “Multilateralism: The Anatomy of an Institution,” International Organization 46, no. 3 (1992): 561–598, https://doi.org/10.1017/S0020818300027831.↩︎
Eugenia D’Angelo, La Cooperación Sur-Sur como herramienta en América Latina para alcanzar el Desarrollo Sostenible en la post pandemia, en clave de género interseccional (Universidad Carlos III, 2022), 15.↩︎
Organización de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina y el Caribe 2023: La inclusión laboral como eje central para el desarrollo social inclusivo (2023), https://hdl.handle.net/11362/68702.↩︎
Fondo Económico Mundial (FMI), Perspectivas económicas: las Américas. La persistencia de la pandemia nubla la recuperación, Washington, D.C. 22 octubre 2020. https://www.imf.org/es/Blogs/Articles/2020/10/22/blog-whd-reo-october-pandemic-persistence-clouds-latam-and-caribbean-recovery.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, 2021a, 36, Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (cepal.org). La realidad de los pueblos originarios latinoamericanos, y las desigualdades estructurales que históricamente sufren (políticas, económicas, sociales, ambientales y sanitarias) se han visto recrudecidas por la pandemia (por el mayor nivel de hacinamiento en el que viven, o la dificultad del acceso al agua, impactando claramente en la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas de contagio del virus). Esta realidad se replica en el caso de los pueblos afrodescendientes, con el agregado de que existen menos datos estatales que den cuenta de su realidad antes, durante y tras la pandemia. A pesar de ello, resulta pertinente señalar que estos pueblos han generado interesantes medidas, desde las propias comunidades originarias, para la prevención del virus y para propender a su protección. Como ejemplo, podemos mencionar la utilización y fomento de medicina tradicional, la restricción de acceso y circulación desde y hacia otras comunidades, la vigilancia y supervisión comunitaria, entre otras. Ibid. 37 y 38.↩︎
Javier Surasky, “Seguimiento de la cooperación Sur-Sur (octubre de 2018 a septiembre de 2019),” Revista Española de Desarrollo y Cooperación, no. 45 (2019): 135–149.↩︎
CEPAL extrae esta afirmación basándose en los datos de mortalidad. Si bien América Latina y el Caribe tienen un 8,4% de la población mundial, al 28 de febrero de 2022 ya habían contabilizado casi 66 millones de contagios (correspondientes al 15% del total mundial) y 1,65 millones de muertes (un 28% del total mundial). Además de este impacto directo producto de la pandemia, la falta de recursos en los hospitales o centros de salud hizo que se suspendieran tratamientos, cirugías e intervenciones que no tuvieran que ver con la urgencia de la pandemia. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (LC/CRPD.4/3), (2022), 17, https://crpd.cepal.org/4/es/documentos/impactos-sociodemograficos-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe.↩︎
Respecto a este punto, vale resaltar que en cinco países que concentra al 80% de la población originaria de la región, y sobre los que se dispone de información censal reciente (Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú), más de 8 millones de personas originarias experimentan carencias de acceso al agua potable en la vivienda, e incluso, algunos sectores importantes de la población originaria tienen acceso limitado a servicios de saneamiento básico en la vivienda a lo que se agrega el elevado nivel de hacinamiento. En tiempos de pandemia sanitaria esto se traduce claramente en la imposibilidad de poner en práctica el lavado frecuente de manos, o de mantener la distancia recomendada, medidas esenciales para la prevención del contagio. Confr. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina, (2020e), 18, Panorama Social de América Latina (cepal.org).↩︎
Ibid., 13.↩︎
Lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersex, queer, y otros géneros.↩︎
En el presente artículo se utiliza el lenguaje inclusivo como forma de protesta política contra el lenguaje sexista, que excluye a toda aquella persona que no es claramente nombrada. El objetivo es que no olvidemos que han pasado más de setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero que, sin embargo, aún nos falta mucho camino por recorrer para garantizar que el artículo 2, sea cumplido: todas las personas tenemos los mismos derechos y libertades, sea cual sea nuestra condición, orientación u origen.↩︎
Karina Bidaseca et al., Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas y disidencias en el contexto de COVID-19. (2021), https://www.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/resumen_ejecutivo_mujeres_y_covid_-_mincyt-conicet_-_mingen.pdf.↩︎
Si bien la pandemia ha impactado significativamente en las mujeres, en comparación con sus pares hombres, la falta de perspectiva de género en las medidas adoptadas puede leerse como consecuencia de la ausencia de las mujeres en los distintos ámbitos de decisión política. Una vez más, se crean políticas públicas para nosotras, sin nosotras. En 2020, sólo 5 de los 20 ministros de Salud de América Latina eran mujeres. La representación de las mujeres en los consejos científicos que asesoraron a los gobiernos durante la crisis no superaba el 23% en ese mismo año. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. (2022b), 80 y ss. *Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (cepal.org).↩︎
El borrador del Informe sobre la Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de la Pandemia del COVID-19, realizado por el Grupo de trabajo sobre juventud de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, al que respondieron casi 47.000 jóvenes y adolescentes, el 53% señala que durante la pandemia experimentó cambios en su acceso a los servicios de salud. El 76% de las situaciones corresponden a interrupción en la concurrencia a atenciones y controles ginecológicos anuales, durante el embarazo, controles del niñas y niños sanos, vacunas tempranas y tratamientos psicológicos. El 12% se refiere a la interrupción en el acceso a los anticonceptivos, el 7% a la interrupción en el acceso a tratamientos contra enfermedades crónicas y un 5% a la interrupción de terapias de reemplazo hormonal, siendo claro entonces aquí el impactó en la comunidad trans. Consultados sobre las razones por las que descontinuaron el acceso a la salud, el 28% mencionó que los centros de salud no estaban ofreciendo las prestaciones requeridas. Ibid. 62.↩︎
Respecto a este punto, se estima que solamente en cinco países de la región, entre enero de 2020 y abril de 2021, se registraron 380.000 casos de orfandad, ascendiendo la cifra a 600.000 si se suman aquellos niños y niñas que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios. Debemos subrayar que América Latina registra las mayores tasas de orfandad causadas por COVID-19 en el mundo, este punto, sumado a toda la complejidad que la situación social que estamos referenciando, dejan entrever los inmensos desafíos que tenemos por delante. Ibid. 60.↩︎
Respecto a las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios y afrodescendientes se visibilizó la brecha digital, expresada en un menor acceso a internet en el hogar que sus coetáneos no originarios o no afrodescendientes, dificultando la posibilidad de continuar con el proceso educativo. Ibid. p. 90 y 100.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2020). Panorama social de América Latina. 2020e. Op. Cit. 23 y 24.↩︎
La CEPAL señala que 19 de 32 países consultados informaron una disminución de la cobertura de sus programas de nutrición en las escuelas, incidiendo en la malnutrición (tanto por desnutrición como por obesidad). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, (2022b), Op. cit. p. 60. Concretamente, según el Programa Mundial de Alimentos, cerca de 85 millones de niños y niñas dejaron de recibir la alimentación escolar durante los primeros días de restricciones sanitarias, llegando a extenderse a semanas o meses en algunos casos, hasta que los programas lograron reestablecerse. Programa Mundial de Alimentos (PMA), Respuestas de los programas de alimentación escolar al COVID-19 en América Latina y el Caribe, (Panamá, 2021). https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000134592/download/.↩︎
Eugenia D’Angelo, Feminicidios en América Latina en contextos de pandemia. Tercer informe (MundoSur: 2021a), https://mundosur.org/wp-content/uploads/2021/03/3-INFORME-MLF-FINAL.pdf.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. (2022b), Op. cit. p. 63. Estos datos surgen de la, ya mencionada, encuesta lanzada en el mes de mayo de 2020 por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (UNSDG LAC) y los miembros del Equipo de Trabajo Inter agencial sobre Juventud para América Latina y el Caribe. El objetivo fue aprender respecto a cómo las juventudes vivieron la pandemia, así como sus inquietudes actuales y futuras. La encuesta contó con la participación de más de 7.700 adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años de edad, y estuvo compuesta por más de 30 preguntas estructuradas en 5 secciones: empleo, educación y conectividad; salud, hogar (cuidados), uso del tiempo y consumo; comunidad; participación ciudadana; y gobernanza y prospectiva.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2021a), op. Cit.41.↩︎
Además del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, cabe considerar el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002) (Naciones Unidas, 2003), la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2012), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), la Declaración de Asunción “Construyendo sociedades inclusivas: envejecimiento con dignidad y derechos” (CEPAL, 2017) y la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. (2022b), Op. cit. 68.↩︎
Si bien no todos los países de la región han abierto sus datos respecto a la información sobre el impacto del COVID-19 en las poblaciones originarias, CEPAL realiza un análisis estimando la tasa de letalidad en Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Venezuela. Ibid. 88 y 89.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informes COVID-19: Las personas afrodescendientes y el COVID-19: Develando desigualdades estructurales en América Latina, (2021), *Informes COVID-19: Las personas afrodescencientes y el COVID-19: develando desigualdades estructurales en América Latina (cepal.org).↩︎
Como elementos estructurales de esta realidad mencionemos que la población afrodescendiente se encuentra sobrerrepresentada en los sectores laborales esenciales e informales; y que, por esto mismo, reciben ingresos más bajos y sufren desventajas socioeconómicas. Producto de esta realidad, viven en barrios populares en los que existe hacinamiento e insuficiencia de servicios esenciales (agua potable, saneamiento y prestaciones de salud). Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, (2022b), Op. cit. 98.↩︎
Ibid. 71.↩︎
Según las cifras publicadas por la CEPAL, la tasa de participación laboral de las mujeres experimentó un retroceso de 18 años a causa de la crisis, al disminuir del 51,8% en 2019 al 47,7% en 2020 (mientras que, en el caso de los hombres, se redujo del 75,5% al 70,8% en el mismo período). Si bien en 2022 hubo un incremento hasta el 51,3%, esta cifra es similar a la registrada en 2018, es decir que aún nos encontramos con un retroceso en este campo de 4 años, representando a una de cada dos mujeres en edad de trabajar fuera del mercado laboral. Ibid. 71.↩︎
Respecto a ello, antes de la pandemia las mujeres dedicaban tres veces más de su tiempo a las tareas de cuidado. Esta realidad se recrudeció y aumentó durante el confinamiento social, puesto que al no estar acompañado de políticas de coparentalidad y de corresponsabilidad la carga del cuidado de las personas mayores y de las niñas y niños, escolarización y gestión del hogar recayó en sus hombros. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. (2021a), Op. Cit. 39 y 40.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Brief v 1.1. 2020a. 190829_es.pdf (cepal.org).↩︎
Françoise Verges, Un feminismo decolonial, (Traficante de sueños,2022), 125. Vergès se refiere a esta realidad como la economía del “agotamiento de los cuerpos racializados”. Una economía en la que determinadas personas son designadas por el Estado y por el capital para ser utilizados, para convertirse en víctimas de enfermedades, de deterioros, y que, pese a que ellas mismas hayan pertenecido a grupos que han debido librar batallas para el reconocimiento de tales derechos, nunca cuestionarán el sistema estructural que provoca tal opresión (Ibid. p. 123).↩︎
Ibid. 7. Para una descripción completa de los escenarios de empoderamiento económico de las mujeres (Techos de Cristal, escaleras rotas y pisos pegajosos), ver: ONU Mujeres, El Progreso de las Mujeres en América Latina y el Caribe, (2017), https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2016/12/el-progreso-de-las-mujeres-america-latina-y-el-caribe-2017.↩︎
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, a principios de junio de 2020, un 69% de las trabajadoras domésticas remuneradas de América Latina y el Caribe, se encontraban significativamente afectadas por las medidas de confinamiento social puesto que perdían sus trabajos o se reducían sus jornadas. Esta es la peor cifra en el mundo. Organización Internacional del Trabajo (OIT), “La COVID-19 y los trabajadores de los cuidados a domicilio y en instituciones”, Nota informativa sectorial de la OIT, octubre 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/ briefingnote/ wcms_762077.pdf.↩︎
Según las cifras de la CEPAL, el 85% de las mujeres originarias que participan en la fuerza laboral trabajan en la informalidad, en la venta de artesanías o en el trabajo rural, quedando más expuestas a las situaciones de interrupción de empleos, imposibilidad de recibir alivios financieros establecidos por los Estados. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, (2022b), Op. cit. 73. Asimismo, pueden estar más expuestas a situaciones de vulneraciones de sus derechos (al estar en condiciones de inferioridad y de necesidad, existe una relación de poder con quienes las emplean, que puede favorecer la mayor tolerancia a abusos sexuales y violencia de género).↩︎
Reconocer, ya que es fundamental hacer visible y revalorizar el trabajo de cuidados como un trabajo clave para el bienestar de las sociedades y el funcionamiento de la economía. Redistribuir, para que el trabajo no remunerado y las labores domésticas no recaigan casi con exclusividad en las mujeres, sino que sea repartido de forma más justa y equilibrada; misma cuestión respecto al ejercicio de la paternidad responsable. Finalmente, Reducir ya que es importante que los Estados apoyen y den cobertura a las necesidades básicas del cuidado, reduciendo la carga de trabajo no remunerado que soportan desproporcionadamente las mujeres en los hogares, desde un enfoque de derechos (en tal sentido se ve el derecho a los cuidados como un derecho clave de la ciudadanía), y basándose además en los principios de igualdad, universalidad y solidaridad. Ibid. 2.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Compromiso de Santiago. Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,(2020d), 111,https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/911e1472-fd84-4c61-ab12-7ffd18950573/content.↩︎
Este punto tiene como referencia el artículo: Eugenia D’Angelo, “Feminicidios en América Latina y el Caribe. Las respuestas posibles desde las organizaciones de mujeres para colmar vacíos legales” en UNIVERSITAS. Revista De Filosofía, Derecho Y Política, (38) (2021b): 23-48 https://doi.org/10.20318/universitas.2022.6577.↩︎
Celeste Saccomano, “El Feminicidio en América Latina: ¿Vacío Legal o Déficit del Estado de Derecho?” Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.117 (2017): 52.↩︎
Flor Esmirna Batista Polo, “Feminicidios en República Dominicana entre 2019 y 2020”, Observatorio Político Dominicano - Fundación Global Democracia y Desarrollo 2020, (2020): 16. Violencia de género y feminicidios en tiempos de Covid-19 en República Dominicana (opd.org.do).↩︎
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Brief policy: The impact of COVID-19 on women, (2020), https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2021a), Op. Cit. 65.↩︎
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), define la violencia contra las mujeres, establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y destaca a la violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. (OEA, Mecanismo de Seguimiento para la Convención Belém do Pará (MESECVI). OEA : MESECVI : Convención do Belém do Pará.↩︎
ONU Mujeres, Midiendo la pandemia de sombra: la Violencia contra las Mujeres durante el COVID-19. (2021), Measuring-shadow-pandemic-SP.pdf (unwomen.org).↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Comunicado: Enfrentar la violencia contra las Mujeres y las Niñas durante y después de la Pandemia de COVID-19 requiere financiamiento, respuesta, prevención y recopilación de datos, (2020c), Enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas durante y después de la pandemia de COVID-19 requiere FINANCIAMIENTO, RESPUESTA, PREVENCIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS (cepal.org).↩︎
Femicidio y Feminicidio no son términos equivalentes: Marcela Lagarde a quien se le atribuye la génesis del concepto, consideró oportuno que la traducción del término femicide fuera feminicidio en lugar de femicidio, a fin de evitar la errónea consideración de que cuando hablamos de femicidios/feminicidio nos estamos refiriendo a la feminización de un homicidio, y en la búsqueda por añadir además un elemento de impunidad, de violencia institucional y de tolerancia por parte de las personas responsables de garantizar el derecho a la vida de las mujeres, los Estados. Sin embargo, en esta investigación, se utilizan los términos femicidio/feminicidio de manera indistinta por fines prácticos, refiriéndonos al hacerlo a la muerte violenta de una mujer por razón de su género (cis o trans), siendo posible, además, que el Estado se haya encontrado ausente desoyendo los pedidos de auxilio de las víctimas o cubriendo con su manto de impunidad a los perpetradores de los crímenes. Marcela Lagarde de los Ríos, “Antropología, feminismo y política. Violencia Feminicida y Derechos Humanos de las Mujeres”, en Retos Teóricos y Nuevas Prácticas, Margaret Bullen, Carmen diez Mintegui (coord), (Ankulegui, 2008), 215). Finalmente, es necesario aclarar que, si bien todos los femicidios pueden ser calificados como homicidios, no todos los homicidios de mujeres son susceptibles de ser calificados como femicidios, puesto que la diferencia radica en el móvil del hecho delictivo. En el caso de los femicidios, el móvil del delito está relacionado con la condición de ser mujer, o motivado por razones de género.↩︎
ONU Mujeres América Latina y el Caribe, Especial 16 días de activismo. Diciembre 2024. Especial editorial 16 dias de activismo 2024 | ONU Mujeres – América Latina y el Caribe.↩︎
Pierre Lebret y Gloria Yánez, “Desafíos de la cooperación Sur-Sur de Chile para las políticas públicas y programas en materia de violencia de género y contra las mujeres,” en Violencias contra las mujeres: Desafíos y aprendizajes en la cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe, ed. Gabriel Guajardo Soto y Christian Rivera Viedma (Ediciones FLACSO-Chile, 2015), 29.↩︎
Juan Domingo Perón fue presidente de la República Argentina en tres oportunidades: la primera presidencia se extiende desde el 1946 a 1952, la segunda entre 1952 y 1955, y la tercera entre 1973 y 1974.↩︎
Nos referimos particularmente a los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, y Fernando Lugo en Paraguay.↩︎
Casullo señala que el mito populista ha funcionado en América Latina en virtud de que logra dar respuestas a las dificultades, los temores y las ansiedades de la ciudadanía. Además, encuadra y da sentido a la compleja realidad social, recorta cursos de acción rápidos, posibles y efectivos para lograr transformaciones, al tiempo que ofrece a la población la posibilidad de participar de manera más o menos activa en un proyecto épico. María Esperanza Casullo, ¿Por qué funciona el populismo: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes en un mundo en crisis. (Siglo XXI, 2019). Respecto a este tema, Barros resalta además que las identificaciones populares tienen la característica de generar una ruptura en los discursos tal como existen en un determinado momento, a través de la capacidad de poner el mundo en palabras. Sebastián Barros, “Momentums, demos y baremos: Lo popular en los análisis del populismo latinoamericano,” Posdata 12, no. 2 (2014), http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1851-96012014000200002&script=sci_arttext.↩︎
En el caso de Argentina, por ejemplo, Néstor Kirchner impulsó la promulgación de la ley 25.779 que declara la nulidad de las leyes 23.492 y 23.521, conocidas como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en el país. Además, se impulsó la ley de movilidad jubilatoria y la de Matrimonio Igualitario, entre otras.↩︎
Tal fue el caso de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela.↩︎
Casullo, ¿Por qué funciona el populismo: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes en un mundo en crisis, 30.↩︎
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista (Siglo XXI, 1987); Chantal Mouffe, El retorno de lo político (Paidós, 1999); Gerardo Aboy Carlés, Las dos fronteras de la democracia argentina: La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem (Homo Sapiens, 2001).↩︎
Fabricio Pereira Da Silva, “La bajada de la marea rosa en América Latina: Una introducción,” Revista de la Red de Intercátedras de Historia de América Latina Contemporánea 5, no. 8 (junio–noviembre 2018): 59–66.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (LC/CRPD.4/3), (2022), Op. Cit. 11.↩︎
Latinbarómetro, (2021), https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp.↩︎
Para un análisis pormenorizado de las distintas respuestas de los gobiernos de la región para paliar las consecuencias del coronavirus COVID-19, puede consultarse el reciente informe de la CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe, (2022b), 1-163.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2021a); Op.cit.↩︎
Según el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, llevado adelante por la CEPAL, las previsiones indican que las medidas fiscales como por ejemplo el aplazamiento del pago de impuestos o la reducción de la base impositiva para las empresas impedirán retrocesos mayores en relación con 17 metas vinculadas al aumento de las actividades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, las medidas adoptadas para la protección y flexibilización del empleo propenderán a evitar retrocesos severos respecto a 29 metas relacionadas con el objetivo del empleo pleno y productivo y la disminución de la informalidad laboral. Respecto a las medidas de protección social, como por ejemplo las transferencias en efectivo y en alimentos a poblaciones vulneradas, la garantía de servicios básicos o las políticas de género encaminadas a la creación de empleo e ingresos, influirán de forma positiva sobre 87 metas de la Agenda 2030, puesto a que se dirigen a disminuir la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad económica y social de la población, y las brechas de género y condición étnico-racial, que se han visto acrecentadas por la pandemia. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, (2021a), Op. Cit. 96.↩︎
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “La Crisis de la Desigualdad: América Latina y el Caribe” en La encrucijada. Ed. Matías Busso y Julián Messias, (2020): 8. La CEPAL señala también al respecto que la pandemia puede leerse como una señal de la creciente invasión y presión del ser humano sobre el ambiente y los ecosistemas del planeta, y que las zoonosis emergentes, como el COVID-19, podrían ocurrir con mayor frecuencia, producto del aprovechamiento forestal y agropecuario, y de la degradación de los ecosistemas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. (2021a), Op. Cit. 22).↩︎
Si bien en un primer momento el impacto del COVID-19 sobre el ambiente parecía haber sido positivo (por la reducción del CO2 y CO en ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Quito) esta realidad no se generalizó en toda la región. En efecto, en países como Brasil o México, la falta de ingresos para las familias rurales hizo que se intensifique la utilización de madera para suplantar el gas. Además, en lugares estratégicos de Colombia si bien se esperaba una reducción de la deforestación, la falta de presencia estatal hizo que grupos armados aprovechen la situación para ocupar territorios biodiversos para generar actividades ilícitas como la siembra de coca o la minería ilegal. (Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS), Impactos Ambientales del COVID-19 en América Latina. (2020), https://cods.uniandes.edu.co/impactos-ambientales-del-covid-19-en-america-latina/, y Alejandro Lopez-Feldman, et. al, “Environmental Impacts and Policy Responses to COVID-19: a view from Latin America”, en Perspectives on the Economics of the Environment in the Shadow of Coronavirus. Environ Resource Econ 76, (2020):471–476.↩︎
La crisis sanitaria produjo la mayor crisis económica de los últimos 120 años, con una caída del 7,7% del PBI regional en 2020. Es necesario decir que entre 2014 y 2019 América Latina registraba un crecimiento económico bajo (en promedio era del 0,3%), al que ni siquiera se llegó en 2019. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. (2021), Op. Cit. 53.↩︎
Will Freeman, “Is Latin America Stuck? Why the Region Could Face a New Lost Decade,” Foreign Affairs, 25 de noviembre de 2022, https://www.foreignaffairs.com/latin-america/latin-america-stuck.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. (2021a), op. Cit.166.↩︎
Ibid. 107.↩︎
Al respecto, Sire menciona que existen distintas propuestas para que la CID pueda reinventarse a través de lecturas de CSS desde el Sur y para el Sur. (Martin, 2015; Ojeda, Echart, 2019). Otras propuestas, se centran en la importancia de redefinir el rol de los países del Sur, aumentando su representatividad, como es el caso de los BRICS (Abdenur, Folly, 2015; Abdenur, Levaggi, 2018; Sogge 2019; etc.). Sin embargo, coincidimos con Sire, cuando señala que estas propuestas deben ser pensadas desde un enfoque de feminismo descolonial, ecológico y de epistemologías del sur, independiente de las pautas hegemónicas del desarrollo. Pierre-Olivier Silver, La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Internacional para el Desarrollo de China vs. Bretton Woods: Un horizonte de Desglobalización? (2020), 91.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un nuevo futuro. Una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. (2020), 229.↩︎
Ibid. 229.↩︎
Carmen Magallón Portolés, “Representaciones, roles y resistencias de las mujeres en contextos de violencia,” Revista Crítica de Ciências Sociais, no. 96 (2012), http://journals.openedition.org/rccs/4797.↩︎
Como hemos ya señalado, del total de indicadores de los ODS, 110 deben desagregarse por sexo, mientras que 53 son indicadores relevantes para la igualdad de género (14 de los cuales pertenecen al ODS 5). Esta realidad representa un gran desafío para los países de la región y requiere de una inversión sostenida en la generación y análisis de nuevos datos, confr. ONU Mujeres, agosto 2017. Transversalización de género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030. Para profundizar sobre el análisis y seguimiento de los ODS en clave de género en la región, puede consultarse el informe de ONU Mujeres del 2018: ONU Mujeres, Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, (2018a), https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-es.pdf?la=en&vs=834 ↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Sociedad del Cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. (2022a), 30.↩︎
Tronto enseña que “cuidar” o “caring”, se refiere a las actividades genéricas que realizamos con el fin de mantener, perpetuar y reparar nuestro “mundo”, de forma tal que podamos vivir lo mejor posible. Ese mundo, al que hace referencia Tronto, abarca nuestros cuerpos, a nosotras mismas y nuestro ambiente, todos ellos elementos que buscamos religar en una compleja red, como sostén de la vida. (Joan Tronto, ¿Riesgo o Cuidado? (Fundación Medifé, 2020), 27.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Sociedad del Cuidado. Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género. (2022a), 30.↩︎
Ibid. 30.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia sistema integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. (Brief v 1.1. 19.08.2020), 190829_es.pdf (cepal.org).↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Construir un mejor futuro. Acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Cuarto Informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe. (2021a), Op. cit. 118.↩︎
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el empoderamiento de las Mujeres (Ed). Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV y XV Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL. (2022),*DeclaracionPoliětica Foro Feminista XV CRM.pdf (unwomen.org).↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Compromiso de Buenos Aires. Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 22-01138, (2022c), S2201138_es.pdf (cepal.org).↩︎
Ibid. punto 3.↩︎
Ibid. punto 4.↩︎
Ibid. punto 7.↩︎
Ibid. punto 8.↩︎
Ibid. puntos 10 y 11.↩︎
Ibid. puntos 17 y 18.↩︎
Emanuela Lombardo y Mieke Verloo, “La ‘interseccionalidad’ del género con otras desigualdades en la política de la Unión Europea” Revista Española de Ciencia Política. N° 23, (2020): 11-30.↩︎
Analilia Huitrón y Guillermo Santander, “La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe: implicaciones, avances y desafíos” Revista Internacional De Cooperación Y Desarrollo, 5(1), (2018):3–11.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Compromiso de Buenos Aires. Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 22-01138, (2022c), op. cit., punto 36.↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Autonomía de las Mujeres e Igualdad en la Agenda de Desarrollo Sostenible. (2016), op. cit. 165.↩︎
Ulrich Beck señala sobre las particularidades del mundo en el que vivimos, que “[L]os peligros a los que estamos expuestos corresponden a un siglo, y las promesas de seguridad que pretenden dominarlos, a otro” , pero además, que a diferencia de lo que sucedía anteriormente, cuando problemas estructurales como la pobreza, podían ignorarse, los peligros globales a los que estamos expuestos no pueden ser ignorados por nadie. Ulrich Beck, La sociedad del Riesgo Mundial. En busca de la seguridad perdida. (Paidós, 2008), 52, 63 y 80. ↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, Compromiso de Buenos Aires. Decimoquinta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, 22-01138. (2022c), op. cit., punto 37.↩︎
Ibid. punto 9.↩︎
Algunas de las prácticas inspiradoras para la región son las llevadas adelante por Uruguay, México, Chile, República Dominicana, Uruguay o Colombia. Respecto a la primera, que nace en el 2015 bajo el nombre Sistema Nacional Integrado de Cuidados, tiene el objetivo de generar un modelo corresponsable de cuidados entre familias, Estado, comunidad y mercado. Su concepción se sustenta en el cuidado como derecho universal; la igualdad de género como principio transversal; niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia; y las personas que cuidan de forma remunerada y no remunerada como poblaciones objetivo. Fue creado por ley y estableció una gobernanza que articula diez instituciones públicas en una Junta Nacional de Cuidados e institucionaliza la participación social en un Comité Consultivo de Cuidados. Sus acciones se estructuran en Planes quinquenales que articulan los componentes de servicios, formación, regulación, generación de información y conocimiento y comunicación. En el caso de México, se ha implementado una política que busca posicionar el tema de los cuidados en la agenda pública a partir del establecimiento de una Estrategia Nacional para el Cuidado que articule programas y acciones ya existentes desde un enfoque de derechos y con una mirada de corresponsabilidad. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) en México constituye una de las experiencias más sólidas en la región, sobre todo a partir de su contribución a las estimaciones de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado (CSTNRHM), cuyo objetivo es dar a conocer la valoración económica del trabajo no remunerado que los miembros del hogar realizan en actividades productivas, permitiendo dimensionar de manera más precisa su aporte a la economía nacional. Chile, por su parte ha implementado el programa “Chile Cuida” de atención a las personas en situación de dependencia, sus cuidadores, sus hogares y su red de apoyo. Es de destacar también el rol que ha cumplido el Programa “Chile Crece Contigo” en la región, siendo una iniciativa que promueve el involucramiento paterno en el mejoramiento de los resultados del desarrollo infantil. Confr. ONU Mujeres, Reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidados: experiencias inspiradoras en América Latina y el Caribe y sitio web del Gobierno de la Ciudad de Bogotá. (2018b), 2a UNW Estudio Cuidados-compressed.pdf (unwomen.org), y Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. (2020a), op. Cit. 8.↩︎
De Sousa Santos asume que “estamos entrando en una fase de crisis paradigmática y, por lo tanto, de transición entre paradigmas epistemológicos, sociales, políticos y culturales. Se asume también que no basta continuar criticando el paradigma aún dominante, lo que por lo demás se ha hecho ya hasta la saciedad. Es necesario, además, definir el paradigma emergente”. Para De Sousa Santos, el camino es la utopía, como forma de “explotación de nuevas posibilidades y voluntades humanas, por el camino de la oposición de la imaginación a la necesidad de lo que existe, sólo porque existe, en nombre de algo radicalmente mejor, que la humanidad tiene el derecho de desear y por lo que vale la pena luchar”. Boaventura De Sousa Santos, Construyendo las Epistemologías del Sur : para un pensamiento alternativo de alternativas, compilado por Maria Paula Meneses et al. 1a ed. (CLACSO, 2018), 197, http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181203040213/Antologia_Boaventura_Vol1.pdf)↩︎
Declaración de la Cumbre Virtual de Líderes del G20. marzo 2020. https://www.gov.uk/government/news/g20-leaders-summit-statement-on-covid-19-26-march-2020 ↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis, (LC/PUB.2020/5), (2020f), 53. Sobre las emisiones de gases de efecto invernadero se puede consultar: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Emissions Gap Report, (2019) https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESSP.pdf y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Informe sobre la brecha en las emisiones del 2020. Resumen. 2020. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESS.pdf?sequence=35 ↩︎
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis, (2020f), op. cit., 54.↩︎
Al finalizar la Cuarta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, las personas delegadas formularon 94 recomendaciones y conclusiones. La 11ava. señala lo siguiente: “Reafirmamos nuestra adhesión a la cooperación internacional, el multilateralismo y la solidaridad en la respuesta mundial a la actual pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, y hacemos hincapié en que el multilateralismo no es una opción, sino una necesidad en nuestra tarea de recuperarnos y reconstruir mejor para lograr un mundo más igualitario, más resiliente y más sostenible, a través de una acción mundial revitalizada y aprovechando los progresos alcanzados en los últimos 75 años desde la creación de las Naciones Unidas”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Cuarta reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible. Evento en línea llevado a cabo entre el 15 y 18 de marzo 2021c. https://foroalc2030.cepal.org/2021/sites/default/files/21-00180_fds.4_conclusiones_y_recomendaciones_acordadas.pdf.↩︎
Samper sostiene la necesidad de una convergencia regional para hacer frente a la actual pandemia y a futuros temas globales. De esta forma, el ex Secretario de la Unasur hace un llamamiento a no superponer el entramado institucional regional con nuevas cristalizaciones, sino más bien a tomar de cada esquema existente los logros, buenas prácticas o aprendizajes (según corresponda) para el establecimiento de un esquema de convergencia regional, e identifica en la Celac el espacio donde tal convergencia puede tomar forma, al ser el único organismo en el que se encuentran participando los 33 países de la región, a excepción de Estados Unidos. Ernesto Samper Pizano, La integración latinoamericana: una propuesta hacia la convergencia, (Asuntos del Sur, 2020), 17.↩︎
Organización de los Estados Americanos (OEA), Informe 2018 de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de los Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.↩︎
José Antonio Sanahuja, “América Latina más allá del 2015: Escenarios del desarrollo global y las políticas de cooperación internacional,” en La renovación de la cooperación iberoamericana: Transformaciones para una agenda post-2015, coord. Salvador Arriola, Rafael Garranzo y Laura Ruíz Giménez (Secretaría General Iberoamericana, 2013), 41–61.↩︎
Organización de las Naciones Unidas, DESA Policy Brief #58, COVID-19: Addressing the social crisis through fiscal stimulus plans. [en línea], (2020) https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-58-covid-19-addressing-the-social-crisis-through-fiscal-stimulus-plans/↩︎
Emanuela Lombardo y Mieke Verloo, “La ‘interseccionalidad’ del género con otras desigualdades en la política de la Unión Europea,” op. cit., 26.↩︎
Analilia Huitrón y Guillermo Santander, “La Agenda 2030 de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: Implicaciones, avances y desafíos,” Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo 5, no. 1 (2018): 3–11.↩︎